El Ministerio Público acusó a seis personas de integrar una estructura criminal vinculada a trata de personas y explotación sexual comercial en varios negocios de Puerto Plata, Sosúa y Cabarete.
Puerto Plata.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra seis personas señaladas como integrantes de una presunta red criminal dedicada a la trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo en distintos puntos de la provincia Puerto Plata.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente contra los dominicanos Franklin Alberto García Brito, Rosa Iris Almarante y Belkis María Salas Díaz de Heinsen, así como las ciudadanas haitianas Loudena Inalien y Nehemie Granicher, además del ciudadano suizo Peter Herman Granicher.
Según el expediente, las autoridades identifican a Franklin Alberto García Brito y Loudena Inalien como supuestos cabecillas de la estructura, la cual operaba presuntamente desde establecimientos nocturnos ubicados en la carretera Puerto Plata-Sosúa.
El Ministerio Público sostiene que en esos negocios eran captadas mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social para ser explotadas sexualmente a cambio de beneficios económicos para la red.
Las investigaciones también vinculan a otros imputados con actividades similares en establecimientos localizados en Cabarete y en la carretera Navarrete-Puerto Plata, donde alegadamente se promovían encuentros sexuales y servicios vinculados al proxenetismo.
Durante un amplio operativo realizado el pasado fin de semana, miembros de unidades especializadas y fiscales ejecutaron siete allanamientos en diferentes sectores de Sosúa y Cabarete, logrando el rescate de al menos 62 mujeres víctimas de explotación sexual comercial.
Entre las personas rescatadas figuran 51 mujeres dominicanas y 11 haitianas, mientras que alrededor de 25 hombres indocumentados fueron entregados a la Dirección General de Migración para fines correspondientes.
En las intervenciones, las autoridades ocuparon armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, celulares, computadoras, documentos administrativos y una gran cantidad de preservativos, considerados evidencias dentro de la investigación.
El Ministerio Público aseguró que continuará profundizando las pesquisas para determinar el alcance completo de la supuesta red criminal y establecer posibles nuevos implicados en el caso.
