El Ministerio Público sostiene que una red integrada por exfuncionarios, particulares y empresas habría defraudado al Estado con más de RD$19 mil millones mediante expropiaciones irregulares, sobornos y presunto financiamiento ilícito de campañas políticas.
SANTO DOMINGO.– El Caso Calamar continúa siendo uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes y complejos de la historia reciente de República Dominicana, al involucrar acusaciones sobre un supuesto desfalco superior a los RD$19 mil millones en perjuicio del Estado.
De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, una estructura integrada por exfuncionarios, particulares y empresas habría operado un esquema para desviar recursos públicos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
La acusación establece que parte de los recursos obtenidos a través de estas operaciones habrían sido utilizados para financiar actividades políticas vinculadas al proceso electoral de 2020.
Asimismo, el expediente señala la existencia de un mecanismo destinado a sustraer fondos públicos originalmente asignados al cumplimiento de compromisos económicos de distintas instituciones gubernamentales. Las investigaciones también incluyen presuntos sobornos relacionados con operaciones de juegos de azar, actividad regulada por el Ministerio de Hacienda.
Por estos hechos, el órgano acusador presentó cargos contra varias personas físicas y jurídicas por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
Para sustentar la acusación, el Ministerio Público informó que reunió más de 1,278 medios de prueba, entre documentos, informes periciales, testimonios y evidencias financieras.
La denominada Operación Calamar fue ejecutada el 18 de marzo de 2023 mediante un amplio operativo que incluyó 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
En la intervención participaron alrededor de 40 fiscales, técnicos especializados en investigación financiera, más de 300 agentes policiales y personal de apoyo administrativo.
Recientemente, el caso volvió a ocupar la atención pública tras decisiones judiciales que favorecieron a algunos de los imputados. Sin embargo, el proceso continúa generando debate jurídico y político debido a la magnitud de las acusaciones y a su impacto en la discusión nacional sobre transparencia, corrupción y rendición de cuentas.
