El tribunal rechazó modificar la calificación jurídica a homicidio voluntario y dispuso que sea en el juicio donde se determine la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat por el colapso que dejó 236 fallecidos.
Santo Domingo.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este lunes la apertura a juicio de fondo contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La decisión fue emitida por el juez Raymundo Mejía, quien determinó que existen elementos suficientes para que el proceso avance a la etapa de juicio, donde serán debatidas las pruebas y se establecerá si los imputados tienen responsabilidad penal por las presuntas fallas relacionadas con el mantenimiento, supervisión y modificaciones estructurales del local.
El tribunal rechazó la solicitud presentada por parte de algunos querellantes que buscaban cambiar la acusación de homicidio involuntario a homicidio voluntario mediante la figura del dolo eventual. En consecuencia, se mantuvo la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, vinculados al homicidio culposo o por imprudencia.
Durante la audiencia también fueron declaradas admisibles las querellas y constituciones en actores civiles presentadas por víctimas y familiares que cumplieron los requisitos legales. Asimismo, el tribunal aceptó pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales tanto del Ministerio Público como de las defensas.
En cuanto a las medidas de coerción, el juez decidió mantener las condiciones impuestas previamente: garantía económica de RD$50 millones para cada imputado, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades el día 30 de cada mes. El magistrado consideró que no existían elementos que justificaran endurecer las medidas debido al cumplimiento procesal mostrado hasta el momento.
La decisión también conserva las medidas cautelares sobre bienes y activos vinculados al expediente, incluyendo inmovilizaciones, embargos e hipotecas judiciales por hasta RD$500 millones, como mecanismo para preservar una posible reparación económica a favor de las víctimas.
Además, varias empresas y personas fueron mantenidas como terceros civilmente demandados dentro del proceso, lo que permitirá que durante el juicio también se conozcan las reclamaciones patrimoniales derivadas del caso.
Con esta resolución concluye la fase preliminar del expediente y se abre paso al juicio de fondo de uno de los procesos judiciales más relevantes y sensibles de los últimos años en República Dominicana.
