Una organización de derechos humanos advierte que las muertes en centros penitenciarios salvadoreños han aumentado bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, señalando posibles violaciones a derechos fundamentales.
San Salvador, El Salvador. Una organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos denunció que el número de personas fallecidas bajo custodia estatal en cárceles salvadoreñas ha aumentado de forma significativa desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.
De acuerdo con los datos divulgados, al menos 537 personas habrían perdido la vida mientras permanecían detenidas en centros penitenciarios del país, en el marco de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para enfrentar la violencia de las pandillas.
La organización indicó que la mayoría de los fallecidos no contaban con condena judicial al momento de su muerte, lo que ha generado preocupación entre colectivos sociales y familiares de personas detenidas, quienes denuncian posibles afectaciones al debido proceso y a la integridad de los reclusos.
Asimismo, el informe señala que una parte importante de los casos estaría vinculada a hechos de violencia dentro de los centros penitenciarios, así como a complicaciones de salud que no habrían recibido atención médica oportuna, según testimonios recopilados por familiares.
Los activistas sostienen que el acceso a información oficial sobre las condiciones carcelarias se mantiene limitado, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos y alimenta preocupaciones sobre la transparencia del sistema penitenciario.
El régimen de excepción, vigente desde 2022, fue implementado como respuesta a una escalada de violencia atribuida a estructuras criminales, y ha sido defendido por el Gobierno como una medida efectiva para reducir la criminalidad en el país. Sin embargo, diversos sectores nacionales e internacionales han expresado inquietudes sobre su impacto en los derechos humanos.
La organización solicitó que se refuercen los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro del sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
