El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza presentó un proyecto de ley para modificar varios artículos del nuevo Código Penal, con propuestas enfocadas en la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la seguridad jurídica de los profesionales de la salud.
Santo Domingo.– El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza, sometió un proyecto de ley que propone modificar diversos artículos del nuevo Código Penal con el objetivo de reforzar la libertad de expresión, proteger el ejercicio periodístico y ofrecer mayor seguridad jurídica a los profesionales de la salud.
La iniciativa plantea introducir cambios a la Ley núm. 74-25 durante el período de vacatio legis de doce meses previo a su entrada en vigor, con el fin de revisar y perfeccionar varios aspectos de la normativa.
Entre las modificaciones propuestas figura la eliminación de los artículos 310 y 311, relacionados con el delito de ultraje a funcionarios públicos, al considerar que podrían entrar en conflicto con principios de legalidad y estándares internacionales sobre derechos humanos.
El proyecto también propone eliminar las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por sanciones económicas y reparación civil. Asimismo, busca impedir el cierre de medios de comunicación, la revocación de licencias o la incautación de equipos como consecuencia de este tipo de infracciones.
En materia de ejercicio periodístico, la propuesta establece que las denuncias realizadas de buena fe, el trabajo informativo y la protesta pacífica no puedan ser considerados delitos bajo la figura de difamación extorsiva.
En cuanto al sector salud, la iniciativa plantea que la práctica médica sea reconocida como una obligación de medios y no de resultados, limitando la responsabilidad penal de los profesionales a casos de faltas graves e inexcusables comprobadas conforme a los protocolos técnicos y científicos.
Además, propone que los médicos no sean responsabilizados penalmente por consecuencias derivadas de deficiencias del sistema sanitario, como la falta de insumos, equipos o medicamentos, y que ningún resultado adverso sea suficiente para presumir culpabilidad sin una evaluación pericial especializada.
El legislador afirmó que las modificaciones buscan equilibrar la protección de los derechos de los pacientes con la garantía de la libertad de expresión y el ejercicio seguro de la medicina.
