La ministra de Interior y Policía aseguró que ningún miembro de la institución está por encima de la ley y destacó que la reforma policial fortalecerá la supervisión, la transparencia y la regulación del uso de la fuerza.
Santo Domingo, República Dominicana.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró que cualquier agente de la Policía Nacional que incurra en actuaciones contrarias a la ley deberá asumir las consecuencias legales correspondientes, al asegurar que la transformación de la institución está orientada a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos ciudadanos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, donde se evaluaron los avances de las políticas públicas en materia de seguridad y el proceso de reforma policial.
Raful enfatizó que ningún miembro de la Policía Nacional está por encima de la ley y afirmó que toda conducta irregular debe ser investigada con el debido proceso para establecer responsabilidades.
"Si un agente policial actuó mal, tendrá que responder ante la ley", expresó la funcionaria, al tiempo que aseguró que el Gobierno no tolerará la impunidad dentro de la institución.
La ministra explicó que la reforma policial constituye uno de los principales procesos de fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno, con el objetivo de consolidar una Policía más profesional, transparente, cercana a la ciudadanía y enfocada en la prevención del delito.
Asimismo, destacó que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional incorporará herramientas para fortalecer los mecanismos de supervisión, institucionalizar los procesos de evaluación de los agentes y regular por primera vez el uso de la fuerza, con el propósito de garantizar actuaciones ajustadas al marco legal y al respeto de los derechos fundamentales.
En relación con las manifestaciones ciudadanas, Raful reafirmó el compromiso del Gobierno con el derecho a la protesta pacífica y sostuvo que las autoridades tienen el deber de escuchar las demandas de la población y canalizarlas dentro del marco democrático e institucional.
La funcionaria concluyó señalando que transformar una institución con más de 90 años de historia requiere decisiones firmes, evaluación constante y un compromiso sostenido para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional y garantizar un servicio basado en la legalidad, la transparencia y la responsabilidad.
