Más de 30 representantes de distintos sectores depositaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación al Código Penal para incorporar las tres causales del aborto y revisar artículos que consideran lesivos para los derechos fundamentales.
Santo Domingo, República Dominicana.– Un grupo integrado por más de 30 juristas, académicos, profesionales de la salud, comunicadores e investigadores presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, con el objetivo de incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y revisar disposiciones que, según sostienen, afectan derechos fundamentales.
La iniciativa propone modificar los artículos 110 y 111 de la legislación para excluir de responsabilidad penal a mujeres, adolescentes, niñas y personal de salud cuando la interrupción del embarazo se practique en tres circunstancias específicas: cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando el feto presente una condición incompatible con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual o de incesto.
Los proponentes argumentan que la versión aprobada por el Congreso Nacional mantiene una penalización absoluta que no responde de manera adecuada a estos escenarios excepcionales y que, además, genera incertidumbre jurídica para las pacientes y los profesionales de la salud encargados de brindar atención médica.
Asimismo, expresaron preocupación por el contenido del artículo 111, al considerar que la obligación de agotar "todos los medios científicos y técnicos disponibles" antes de autorizar la interrupción del embarazo en situaciones de riesgo para la vida de la mujer podría retrasar decisiones médicas urgentes y crear inseguridad jurídica durante emergencias.
La propuesta también plantea garantizar que las mujeres, adolescentes y niñas reciban información clara, suficiente, oportuna, científica y libre de presiones, con el fin de que puedan tomar decisiones informadas en cualquiera de las tres circunstancias contempladas.
Los firmantes señalaron que el proceso de discusión abierto en el Congreso representa una oportunidad para revisar el texto aprobado e incorporar las modificaciones sugeridas, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos fundamentales conforme a la Constitución dominicana.
El documento fue respaldado por más de 30 personalidades de distintos ámbitos profesionales y académicos, entre ellas Magaly Caram, Ivelisse Acosta, Radhive Pérez, Cynthia Teresa Vega, Francisco Álvarez Valdez, Fausto Rosario Adames, Rosario Espinal, Tahira Vargas, Elka Scheker y Millizen Uribe, quienes consideran que el Código Penal aún puede ser perfeccionado mediante un amplio diálogo nacional.
