Santo Domingo. – Más de 30 organizaciones y activistas vinculados a la defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+ realizaron este miércoles un plantón frente al Tribunal Constitucional, mientras la alta corte conocía una acción directa de inconstitucionalidad relacionada con el artículo 173 del nuevo Código Penal.
Los manifestantes solicitaron que la orientación sexual y la identidad de género sean reconocidas expresamente dentro de las disposiciones que sancionan los actos discriminatorios.
Reclaman mayor claridad en la legislación
La protesta se produjo durante la audiencia pública en la que el Tribunal Constitucional conoce los argumentos relacionados con el artículo 173 de la Ley 74-25. Según los colectivos, aunque la disposición establece sanciones contra determinados actos de discriminación, no menciona de manera expresa la orientación sexual.
Los activistas consideran que esta omisión podría generar incertidumbre jurídica y dificultar la protección de las personas LGBTIQ+ frente a posibles actos discriminatorios.
Leonardo Sánchez, uno de los voceros de la manifestación, afirmó que el objetivo de la movilización es lograr que las normas sean claras y eviten interpretaciones que puedan afectar los derechos de determinados grupos.
“Necesitamos que las leyes tengan de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género dentro de sus dictámenes”, sostuvo Sánchez.
Piden igualdad ante la ley
Los representantes de las organizaciones señalaron que su reclamo no busca establecer privilegios, sino garantizar que todas las personas puedan contar con una protección jurídica clara frente a la discriminación.
También argumentaron que la omisión cuestionada debe analizarse en relación con el artículo 39 de la Constitución dominicana, que establece el derecho a la igualdad.
La discusión queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá valorar los argumentos presentados y determinar si la disposición cuestionada se ajusta a los principios constitucionales.
El caso ha generado atención debido al debate sobre cómo debe quedar definida la protección contra la discriminación en el nuevo Código Penal y hasta qué punto la legislación debe especificar las categorías protegidas.
