Santo Domingo, RD. — El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, solicitó a las autoridades realizar una investigación sobre las condiciones en que permanecen las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de República Dominicana, con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
El legislador manifestó preocupación por las denuncias relacionadas con posibles situaciones que podrían afectar la dignidad de los internos y planteó la necesidad de que se realice una evaluación amplia e imparcial del sistema penitenciario.
Romero consideró que la revisión debe incluir tanto las condiciones físicas de las cárceles como los procedimientos utilizados por el personal responsable de la custodia de los privados de libertad.
Pide revisar protocolos y mecanismos de denuncia
Como parte de su planteamiento, el senador señaló que también deben ser examinados los protocolos aplicados dentro de los centros penitenciarios y los mecanismos disponibles para que los internos puedan presentar denuncias sobre posibles abusos o irregularidades.
A su juicio, cualquier investigación debe permitir determinar si existen situaciones que requieran la intervención de las autoridades y, de comprobarse violaciones, establecer las responsabilidades correspondientes.
Romero hizo referencia al artículo 120 del nuevo Código Penal, que contempla sanciones para los funcionarios o personas encargadas de servicios públicos que incurran en actos de tortura o barbarie.
Según el legislador, dicha disposición establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor, además de multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público.
Solicita resultados transparentes
El senador también planteó que los resultados de cualquier investigación sobre las condiciones penitenciarias sean dados a conocer de manera transparente.
Asimismo, pidió que, si se identifican irregularidades, se adopten medidas para corregirlas y prevenir que vuelvan a producirse.
Romero reiteró su llamado a fortalecer los mecanismos de supervisión del sistema penitenciario y sostuvo que la privación de libertad debe desarrollarse dentro del marco establecido por las leyes y bajo principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
