Santo Domingo, RD. — Las investigaciones relacionadas con el caso SeNaSa 2.0 suman nuevas diligencias con la participación de siete médicos, señalados por una presunta facturación de servicios de salud que, según la acusación, no habrían sido realizados.
La información fue ofrecida este viernes por el abogado Jorge Contreras, representante legal de los profesionales, quien explicó que sus clientes acudieron a la Procuraduría General de la República en medio de las actuaciones que desarrolla el Ministerio Público.
“Se les acusa de que supuestamente han emitido facturas sin haber dado el servicio”, explicó el jurista al referirse al señalamiento que dio origen a las diligencias.
Según Contreras, los siete profesionales son médicos y, en su mayoría, se desempeñan como cirujanos ortopédicos.
Abogado espera conocer situación jurídica de sus clientes
El representante legal afirmó que los profesionales fueron trasladados a la Procuraduría para presentarse ante los fiscales que tienen a su cargo las pesquisas.
Contreras señaló que existe una orden de arresto relacionada con las diligencias, aunque indicó que, al momento de sus declaraciones, todavía no se había formalizado la detención de sus representados.
El abogado explicó que decidió acudir junto a los médicos para conocer directamente el curso de las actuaciones y determinar cuál es la situación jurídica de cada uno.
Asimismo, manifestó que espera que durante el proceso sean respetados los derechos de los profesionales investigados.
Ya habían sido interrogados
Contreras confirmó además que los médicos tenían conocimiento previo de las investigaciones.
De acuerdo con sus declaraciones, los profesionales ya habían sido interrogados por las autoridades en aproximadamente dos ocasiones antes de las actuaciones realizadas este viernes.
El abogado agregó que la mayoría de los médicos que representa están vinculados al Servicio Nacional de Salud (SNS).
Por el momento, Contreras evitó ofrecer mayores detalles sobre el contenido de las investigaciones y explicó que esperaría reunirse con los fiscales para conocer de manera directa los señalamientos y las actuaciones realizadas contra sus clientes.
La investigación continúa abierta y corresponderá al Ministerio Público determinar los pasos procesales que correspondan a partir de las evidencias recopiladas.
