Santo Domingo, República Dominicana. – Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) dejó sin utilizar más de RD$1,556 millones de su presupuesto durante los años 2023 y 2024, además de presentar diversas debilidades en sus procedimientos administrativos, financieros y de control interno.
De acuerdo con los resultados de la evaluación, el monto total de los recursos subutilizados ascendió a RD$1,556,447,543.87, una cifra que representa fondos contemplados dentro del presupuesto institucional que no llegaron a ejecutarse durante el período examinado.
El informe establece que, de esa cantidad, RD$579.5 millones no fueron incorporados a la programación del gasto, mientras que otros RD$976.9 millones sí estaban previstos en la planificación presupuestaria, pero finalmente no fueron ejecutados.
La Contraloría precisó que el presupuesto vigente del Plan Social durante los dos años evaluados alcanzó los RD$15,360.6 millones, de los cuales una parte significativa permaneció sin utilizar, situación que motivó observaciones relacionadas con la planificación y el aprovechamiento de los recursos asignados a la institución.
El mayor volumen de fondos subutilizados se concentró en 2023, cuando aproximadamente RD$1,491.1 millones quedaron sin ejecutar. En cambio, durante 2024, la cantidad disminuyó considerablemente hasta situarse en alrededor de RD$65.3 millones.
El organismo fiscalizador aclaró que la identificación de recursos presupuestarios no utilizados no significa que el dinero haya desaparecido ni constituye, por sí sola, una evidencia de apropiación indebida o manejo irregular de los fondos públicos.
En ese sentido, explicó que la clasificación corresponde a partidas presupuestarias que estaban disponibles o contempladas para determinadas operaciones institucionales, pero que no llegaron a utilizarse durante los ejercicios fiscales analizados.
No obstante, el documento no especifica cuál fue el destino posterior de esos recursos ni presenta explicaciones concretas sobre las circunstancias que provocaron su limitada ejecución, aspectos que permanecen sin aclarar dentro de los resultados divulgados.
Además de las observaciones presupuestarias, los auditores identificaron ocho hallazgos relacionados con el funcionamiento administrativo y los mecanismos de control interno del Plan Social, entre ellos deficiencias en los sistemas financieros, la presentación de estados contables, la administración de almacenes, el registro de activos, la planificación de compras y la documentación del personal.
Uno de los señalamientos estuvo relacionado con la ausencia de un sistema automatizado e integrado que permitiera registrar de manera centralizada las operaciones financieras y administrativas de la institución.
Sobre este aspecto, el Plan Social explicó que utilizaba el sistema SAF WEB, pero que la herramienta había dejado de recibir soporte técnico de su desarrollador, lo que motivó la evaluación de alternativas tecnológicas capaces de integrar las áreas financieras, presupuestarias, administrativas y de inventario.
Los auditores también encontraron observaciones en la presentación de los estados financieros. Ante esta situación, la institución informó que desde junio de 2025 comenzó a elaborar dichos documentos de manera comparativa, con el propósito de ajustarse a las disposiciones correspondientes y mejorar la calidad de la información contable.
En cuanto a la administración de almacenes, la evaluación identificó dificultades relacionadas con la organización e identificación de artículos, limitaciones de espacio, condiciones de seguridad y ausencia de sistemas contra incendios en determinadas instalaciones.
Estas situaciones fueron señaladas como aspectos que requerían atención para fortalecer la protección de los bienes almacenados y mejorar los procedimientos de administración de inventarios.
Como respuesta, el Plan Social comunicó que había reorganizado los artículos bajo su custodia, reforzado las medidas de seguridad y evaluado opciones para instalar sistemas de protección contra incendios.
Otra de las observaciones estuvo vinculada con la situación legal del terreno donde funciona la oficina principal de la institución, debido a que el inmueble no contaba con un título de propiedad.
La entidad explicó que había realizado diferentes gestiones ante las autoridades correspondientes para avanzar en la regularización de la documentación del terreno y resolver la situación identificada por los auditores.
El informe también señaló la existencia de bienes institucionales que carecían de códigos internos de identificación, así como activos cuyo valor contable no había sido determinado, circunstancias que dificultaban el adecuado registro y control patrimonial.
En el área de recursos humanos, la Contraloría examinó una muestra de 65 expedientes físicos de empleados y encontró que varios no contenían toda la documentación requerida para respaldar los procesos administrativos relacionados con el personal.
Entre los documentos faltantes figuraban cartas de no objeción, currículos, informes de entrevistas, resultados de pruebas psicométricas y técnicas, certificados de estudios, evaluaciones de desempeño y certificados médicos.
Estas deficiencias fueron consideradas relevantes para la organización documental y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la gestión de los recursos humanos de la institución.
Ante los señalamientos, el Plan Social informó que revisó sus mecanismos de elaboración, organización y custodia de expedientes, además de implementar las correcciones correspondientes para completar la documentación requerida.
La auditoría comprendió las operaciones institucionales realizadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y evaluar la efectividad de los controles internos utilizados en la administración de los recursos públicos.
Según el documento, los ocho hallazgos administrativos identificados durante el proceso de fiscalización fueron posteriormente considerados subsanados, luego de que la institución adoptara medidas correctivas para atender las debilidades detectadas.
Sin embargo, el señalamiento sobre los RD$1,556.4 millones que no fueron programados o ejecutados permanece como uno de los principales resultados de la evaluación presupuestaria.
Los resultados ponen de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de planificación, seguimiento y ejecución del gasto público, especialmente en instituciones encargadas de desarrollar programas de asistencia dirigidos a sectores vulnerables de la población.
La divulgación de esta auditoría permite conocer aspectos del manejo administrativo y financiero del Plan de Asistencia Social de la Presidencia durante el período 2023-2024, diferenciando las deficiencias que fueron corregidas de los recursos presupuestarios cuya falta de ejecución quedó documentada.
Aunque la Contraloría no establece que los fondos hayan desaparecido ni atribuye necesariamente irregularidades a su falta de utilización, el informe deja constancia de una importante cantidad de recursos que no fueron ejecutados durante los dos años examinados, sin ofrecer detalles específicos sobre las causas de esa situación ni sobre su tratamiento posterior.
