Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio Público solicitó este jueves 8 de octubre de 2026 la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, acusado de presuntamente agredir sexualmente a dos adolescentes y provocar la muerte de una de ellas, identificada como Josnely Álvarez, de 13 años, en un hecho ocurrido en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), provincia Santiago.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que fijó la audiencia para este viernes 9 de octubre, cuando un juez deberá conocer los argumentos del órgano acusador y de la defensa.
De acuerdo con el expediente preliminar, Rodríguez Cruz enfrenta imputaciones por violación sexual agravada, violencia de género agravada, tortura o actos de barbarie, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas de muerte, uso de arma blanca y feminicidio agravado.
Las acusaciones están relacionadas con los hechos denunciados contra Josnely Álvarez y otra adolescente de 14 años que logró sobrevivir al ataque.
Según la investigación del Ministerio Público, el imputado se desplazaba en una motocicleta cuando se ofreció a transportar a las dos menores para comprarles una cena.
Posteriormente, tras recorrer varias calles y callejones del municipio, habría conducido a las adolescentes hasta una zona apartada entre matorrales, próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad de Capilla, en las inmediaciones del río Yaque del Norte.
En ese lugar, conforme a la versión presentada por los investigadores, Rodríguez Cruz presuntamente amenazó a ambas adolescentes con un arma blanca y cometió las agresiones sexuales que forman parte de las imputaciones.
El expediente establece que Josnely, de 13 años, intentó escapar del lugar, pero fue alcanzada por el presunto agresor, quien le habría ocasionado múltiples heridas con un arma blanca.
La acusación sostiene que posteriormente el imputado arrojó el cuerpo de la adolescente a las aguas del río Yaque del Norte, donde fue localizado por las autoridades después de un operativo de búsqueda.
La otra menor, de 14 años, consiguió sobrevivir al esconderse entre los matorrales mientras el presunto agresor perseguía a su compañera.
De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación, permaneció oculta hasta el amanecer, cuando logró ponerse a salvo.
La sobreviviente constituye una pieza importante dentro de las diligencias desarrolladas por las autoridades, que trabajan para reconstruir las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El caso comenzó a generar preocupación entre los residentes de Navarrete después de que las adolescentes fueran reportadas como desaparecidas durante el pasado fin de semana.
La desaparición de Josnely movilizó a familiares, vecinos, voluntarios y organismos de socorro, que participaron en las labores de búsqueda desarrolladas en las proximidades del río Yaque del Norte.
Durante el operativo intervinieron integrantes de la Defensa Civil y otras instituciones de respuesta a emergencias, en coordinación con las autoridades responsables de la investigación.
El cuerpo de la adolescente fue recuperado el martes 6 de octubre, luego de varios días de búsqueda, confirmándose el desenlace que mantenía en angustia a sus familiares y a la comunidad.
En relación con el caso, Rodríguez Cruz fue entregado a las autoridades policiales por sus familiares, quedando bajo custodia para los procedimientos correspondientes.
El Ministerio Público considera necesaria la imposición de 18 meses de prisión preventiva mientras profundiza las investigaciones y completa la recopilación de las pruebas relacionadas con las acusaciones.
La solicitud fue presentada por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, dependencia especializada en la investigación de este tipo de infracciones.
El órgano persecutor explicó que las diligencias buscan establecer de manera detallada la secuencia de los acontecimientos, identificar las evidencias disponibles y sustentar jurídicamente los cargos provisionales atribuidos al imputado.
Las investigaciones incluyen el levantamiento de pruebas periciales, documentales y materiales, así como otras actuaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
La calificación jurídica provisional contempla disposiciones del Código Penal dominicano, modificado por la Ley número 44-26, relacionadas con tortura o actos de barbarie agravados, violencia de género agravada, violación sexual agravada, uso de arma blanca y feminicidio agravado.
En el caso de la adolescente sobreviviente, el Ministerio Público atribuye al imputado infracciones vinculadas con la agresión sexual agravada, amenazas de muerte y otras conductas sancionadas por la legislación penal.
Respecto a Josnely Álvarez, la acusación incorpora, además, los tipos penales relacionados con su fallecimiento.
El expediente también incluye disposiciones del artículo 396 de la Ley número 136-03, que establece el Sistema para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La utilización de estas disposiciones responde a la condición de menores de edad de ambas víctimas y a la naturaleza de los hechos investigados.
El Ministerio Público precisó que las imputaciones son provisionales y que las diligencias investigativas continúan, por lo que la calificación jurídica podría ser examinada conforme avancen las actuaciones procesales y se incorporen nuevas evidencias.
La investigación está siendo desarrollada por un equipo multidisciplinario de fiscales y dependencias especializadas.
Entre las instituciones participantes figura la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), encabezada por Olga Diná Llaverías.
También interviene la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, representada por la procuradora fiscal María Dolores Rojas.
A estas dependencias se suma la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía de Santiago, dirigida por la fiscal Gladisleny Núñez, junto con la fiscal Xiomara Peña.
Asimismo, participa el Departamento de Violencias Físicas, especializado en homicidios, bajo la dirección de Yeilín Durán, con la intervención de la fiscal Cristina Ramírez.
La coordinación de estas unidades busca reunir los elementos necesarios para establecer las circunstancias de los hechos y presentar ante los tribunales las pruebas que correspondan.
El Ministerio Público ha señalado que el proceso investigativo comprende actuaciones especializadas debido a la gravedad de las acusaciones y a que las víctimas son adolescentes.
La muerte de Josnely Álvarez ha provocado consternación entre familiares y residentes de Navarrete, quienes han reclamado que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones previstas por la ley en caso de demostrarse la responsabilidad del acusado.
El padre de la adolescente expresó públicamente su dolor por la pérdida de su hija y solicitó a las autoridades que se imponga la pena máxima al responsable del crimen.
El progenitor también manifestó preocupación por los antecedentes que atribuye al sospechoso y cuestionó que este se encontrara en libertad al momento de ocurrir los hechos.
Esas declaraciones forman parte de los reclamos expresados por la familia, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del caso.
La audiencia de medida de coerción, prevista para este viernes 9 de octubre, constituye la próxima etapa del procedimiento judicial.
Durante su celebración, el Ministerio Público deberá presentar los fundamentos de su solicitud de prisión preventiva, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos ante el tribunal.
El juez deberá determinar si concurren los presupuestos legales para imponer la medida solicitada o si corresponde adoptar una decisión diferente conforme a las disposiciones procesales.
La prisión preventiva, en caso de ser ordenada, tendría carácter cautelar y no constituiría una declaración de culpabilidad.
La responsabilidad penal del imputado deberá establecerse posteriormente mediante el proceso judicial correspondiente, con respeto a las garantías legales y a la presunción de inocencia.
Mientras tanto, el Ministerio Público continuará reuniendo las evidencias relacionadas con las agresiones denunciadas contra las dos adolescentes y la muerte de Josnely Álvarez.
El caso mantiene la atención pública por la gravedad de los hechos investigados, la edad de las víctimas y las circunstancias en que fue localizado el cuerpo de la adolescente.
Con la solicitud de 18 meses de prisión preventiva, las autoridades buscan asegurar el desarrollo de la investigación y avanzar en el esclarecimiento de un crimen que ha causado profundo dolor en el municipio de Navarrete y otras comunidades de la provincia Santiago.
La decisión sobre la medida de coerción quedará en manos de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago durante la audiencia programada para este viernes.
