Santo Domingo, República Dominicana. – Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) reveló graves deficiencias en las condiciones de reclusión de adolescentes en conflicto con la ley penal en República Dominicana, incluyendo aislamiento prolongado, instalaciones sanitarias deterioradas, falta de medicamentos psiquiátricos y problemas en el suministro de alimentos.
Los hallazgos forman parte del Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, publicado en agosto de 2026, que documenta la situación de los centros de atención integral para adolescentes ubicados en Santo Domingo y Santiago.
Según el organismo, algunos menores permanecen durante más de dos meses separados de las actividades recreativas y sociales, mientras otros deben utilizar recipientes improvisados para realizar sus necesidades fisiológicas debido al deterioro de los baños.
Las inspecciones realizadas en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Ciudad del Niño, en Santo Domingo, identificaron celdas con humedad, falta de mantenimiento y servicios sanitarios en condiciones insalubres.
El documento establece que determinados baños consisten únicamente en aberturas en el piso y que la ausencia de agua corriente y sanitarios funcionales obliga a algunos internos a recurrir a recipientes improvisados.
Los inspectores también encontraron áreas sin electricidad, ventiladores ni iluminación adecuada, además de conexiones eléctricas improvisadas que evidencian el deterioro de la infraestructura.
Una de las situaciones que genera mayor preocupación está relacionada con las medidas disciplinarias aplicadas a los adolescentes.
La Defensa Pública comprobó que el establecimiento carece de espacios apropiados para el aislamiento disciplinario, por lo que se utilizan áreas de alojamiento común para mantener separados a determinados internos.
De acuerdo con el informe, algunos menores permanecían durante períodos superiores a dos meses sin participar en actividades sociales o recreativas, una práctica que el organismo considera incompatible con los estándares internacionales de protección de adolescentes privados de libertad.
La institución también cuestionó que estas medidas se apliquen sin las garantías correspondientes del debido proceso.
Al momento de la inspección, el centro Ciudad del Niño albergaba a 90 adolescentes, pese a contar con capacidad para 150 personas.
De esa población, 59 se encontraban en prisión preventiva, equivalentes al 65.6 % del total. También fueron identificados 12 adolescentes de nacionalidad haitiana.
Aunque el establecimiento no presentaba hacinamiento general, la Defensa Pública señaló importantes deficiencias en infraestructura, atención médica y disponibilidad de espacios recreativos.
El recinto dispone de programas de bachillerato y talleres de pintura, electricidad y sastrería, pero los inspectores recomendaron rehabilitar las instalaciones utilizadas para esas actividades.
La situación en Santiago también presenta dificultades, especialmente en materia de atención sanitaria, alojamiento y alimentación.
El informe establece que la Dirección Nacional de Atención Integral al Adolescente (Dinaia) proporciona medicamentos generales, pero no suministra los tratamientos psiquiátricos que requieren determinados internos.
Como consecuencia, los familiares deben adquirir esos medicamentos con sus propios recursos y entregarlos al personal del centro para que sean administrados.
La Defensa Pública advirtió que esta dependencia económica puede comprometer la continuidad de los tratamientos, especialmente cuando las familias carecen de recursos suficientes para comprarlos regularmente.
Aunque el establecimiento cuenta con una pediatra, dos enfermeras y profesionales de psicología y trabajo social, la falta de suministro institucional de medicamentos psiquiátricos constituye una de las principales deficiencias identificadas.
Los inspectores también encontraron adolescentes durmiendo directamente sobre el piso, algunos sin camas ni sábanas.
Al momento del levantamiento, el centro de Santiago tenía 73 internos y capacidad para 96. Sin embargo, uno de sus módulos permanecía fuera de servicio debido a problemas eléctricos y a la falta de inodoros funcionales.
Esta situación provocaba una distribución desigual de los adolescentes en los espacios disponibles.
El abastecimiento de agua también presentaba dificultades, ya que las duchas no funcionaban correctamente y los internos debían utilizar cubos para bañarse.
Otro de los aspectos señalados por la Defensa Pública fue la calidad de los alimentos suministrados a los adolescentes.
Durante las inspecciones se documentó la entrega de comida en condiciones inadecuadas, incluyendo arroz con coloración amarillenta y mal olor, cuyas características fueron asociadas por internos y empleados con una posible presencia de plagas.
El organismo también identificó irregularidades en el suministro de verduras, víveres, pollo y otros productos esenciales.
Según el documento, el centro recibió leche deteriorada, permaneció varios días sin pan y tuvo que descartar una partida de harina de maíz porque llegó en condiciones que impedían su consumo.
Los alimentos son proporcionados por los Comedores Económicos del Estado, institución responsable de ese suministro.
A pesar de estas dificultades, el establecimiento de Santiago mantiene programas de alfabetización, educación primaria y secundaria, además de capacitación técnica impartida por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
La Defensa Pública considera necesario preservar y fortalecer estas iniciativas, debido a su importancia para la formación y reinserción social de los adolescentes.
El informe recomienda intervenir las instalaciones sanitarias, mejorar las condiciones de alojamiento, garantizar una alimentación adecuada y asegurar el suministro continuo de medicamentos, incluyendo los tratamientos relacionados con la salud mental.
Asimismo, plantea la necesidad de revisar las prácticas disciplinarias para evitar períodos prolongados de aislamiento y garantizar que cualquier medida aplicada respete los derechos y las garantías correspondientes.
Los hallazgos ponen de manifiesto que la ausencia de hacinamiento no garantiza necesariamente condiciones dignas de reclusión, debido a que también influyen la calidad de la infraestructura, los servicios básicos y la atención integral que reciben los internos.
La situación documentada en Santo Domingo y Santiago plantea nuevos desafíos para las instituciones responsables de los centros de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal.
La Oficina Nacional de Defensa Pública insiste en la necesidad de adoptar medidas que permitan corregir las deficiencias identificadas y garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana, la protección de la salud y los procesos de rehabilitación de los menores privados de libertad.
