Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, solicitó al presidente Luis Abinader adoptar medidas urgentes para proteger a los productores nacionales de arroz frente a los desafíos que representa la apertura comercial establecida en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El dirigente político planteó que el Estado dominicano asuma directamente la administración de las importaciones del cereal durante los años 2026 y 2027, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan preservar la producción local y ofrecer mayor estabilidad a los agricultores.
Guzmán cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las gestiones para enfrentar la eliminación progresiva de los aranceles, todavía no exista, según su valoración, un programa suficientemente definido para garantizar condiciones adecuadas a los productores.
Recordó que en septiembre de 2021 se realizaron gestiones diplomáticas para procurar una dispensa relacionada con la desgravación arancelaria del arroz, mientras que en febrero de 2023 el Gobierno creó una comisión interministerial encargada de preparar un programa de apoyo al sector.
Sin embargo, sostuvo que los agricultores continúan reclamando reglas claras que les permitan organizar sus próximas siembras, realizar inversiones y conocer las condiciones bajo las cuales deberán competir con el arroz importado.
El representante del PRD consideró que República Dominicana debe adoptar mecanismos de respaldo similares a los que, según afirmó, aplica Estados Unidos para proteger a sus productores agrícolas.
En ese sentido, insistió en que las autoridades deben definir los recursos económicos que destinarán al sector arrocero y establecer acciones concretas para fortalecer su competitividad.
Guzmán argumentó que la situación del arroz no debe abordarse únicamente como un asunto comercial, debido a su importancia para la alimentación de los dominicanos, el empleo rural y la economía de numerosas comunidades.
De acuerdo con las cifras presentadas por el dirigente, la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores, genera más de 300,000 empleos y tiene presencia en 21 provincias del territorio nacional.
Advirtió que un deterioro significativo de la producción podría afectar a miles de familias que dependen directa o indirectamente del cultivo, así como a otros sectores relacionados con la comercialización y distribución del cereal.
El presidente ejecutivo del PRD también comparó la importancia estratégica de la producción arrocera con la del turismo, al considerar que ambas actividades requieren políticas públicas que contribuyan a su sostenibilidad.
Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre las condiciones comerciales aplicables al arroz, luego de que el Poder Ejecutivo derogara el Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, emitido en septiembre de 2026.
La derogación generó preocupación entre organizaciones agropecuarias, que solicitaron al Gobierno explicar las medidas previstas para proteger la producción nacional frente a una mayor competencia de las importaciones.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, ha sostenido que la eliminación del decreto no significa que el Gobierno haya abandonado a los productores y ha señalado que el respaldo al sector incluye mecanización, asistencia técnica, financiamiento y medidas para mejorar la productividad.
Asimismo, representantes del sector arrocero expresaron recientemente su confianza en las gestiones de renegociación anunciadas por el presidente Abinader, mientras las autoridades aseguraron que mantendrán los controles de importación dentro del marco legal vigente.
En ese contexto, Guzmán reiteró que los productores necesitan certezas sobre las condiciones en las que desarrollarán sus próximas cosechas y reclamó que las discusiones institucionales se traduzcan en medidas concretas.
La propuesta de que el Estado controle directamente las importaciones durante dos años constituye un planteamiento del dirigente opositor y no una decisión anunciada por el Gobierno.
El debate mantiene la atención sobre las políticas que adoptará República Dominicana para equilibrar sus compromisos comerciales internacionales con la protección de una actividad agrícola fundamental para el abastecimiento alimentario, el empleo y la economía rural.
