Santo Domingo, República Dominicana. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó la política de seguridad ciudadana implementada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al denunciar un incremento de las muertes registradas durante intervenciones de la Policía Nacional y considerar que las estrategias oficiales no han logrado responder adecuadamente a los problemas de inseguridad.
La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa en la que expuso las preocupaciones de esa organización política sobre los resultados de las acciones gubernamentales contra la delincuencia.
Según los registros recopilados por el partido opositor, entre 2020 y octubre de 2026 se han producido 1,152 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos o actuaciones policiales consideradas legales por las autoridades.
Reynoso sostuvo que estas cifras deben motivar una revisión de las estrategias de seguridad y de los procedimientos utilizados por los organismos encargados de combatir la criminalidad.
De acuerdo con los datos presentados por la organización, durante 2021 se contabilizaron 76 fallecimientos en intervenciones policiales, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 139.
La dirigente indicó que en 2024 se registraron 226 muertes y en 2025 un total de 214. Asimismo, aseguró que en lo transcurrido de 2026 la cantidad ronda los 236 fallecimientos.
Estas cifras corresponden a los levantamientos realizados por la Fuerza del Pueblo y no fueron verificadas de manera independiente en el reporte divulgado.
La representante opositora cuestionó que el Gobierno destaque una disminución de la delincuencia y, al mismo tiempo, promueva una política de mayor firmeza policial.
En ese sentido, consideró contradictorio que las autoridades aseguren haber conseguido avances en materia de seguridad mientras recurren a medidas que, a juicio de la organización, evidencian dificultades para controlar la criminalidad.
Reynoso también criticó la denominada política de mano dura y el llamado código 1.29, al que vinculó con el incremento de las intervenciones policiales que terminan con personas fallecidas.
La dirigente calificó esa estrategia como un intento de desviar la atención de lo que su organización considera deficiencias en los planes gubernamentales de seguridad ciudadana.
Las declaraciones de la Fuerza del Pueblo se producen en medio del debate nacional sobre los procedimientos utilizados por la Policía Nacional, el uso de la fuerza y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales durante las operaciones contra la delincuencia.
Por su parte, las autoridades gubernamentales han presentado estadísticas que reflejan una reducción en determinados indicadores delictivos.
Según un informe de la Fuerza de Tarea Conjunta, divulgado el 16 de octubre, la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.29 por cada 100,000 habitantes, con datos actualizados al día 9 de ese mes.
El organismo oficial reportó una disminución interanual del 16.6 % en ese indicador y señaló que 30 de las 35 demarcaciones del país registraban tasas de homicidios de un solo dígito.
No obstante, las estadísticas generales de homicidios y las cifras de fallecimientos durante intervenciones policiales corresponden a indicadores distintos, por lo que deben analizarse de manera separada.
El presidente Luis Abinader encabezó el pasado 19 de octubre una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que participaron representantes de organismos policiales, militares y judiciales para evaluar las acciones desarrolladas y las próximas medidas de prevención del delito.
Mientras el Gobierno sostiene que sus estrategias han contribuido a reducir determinados indicadores de criminalidad, la Fuerza del Pueblo insiste en que deben examinarse las muertes ocurridas durante operativos policiales y los resultados generales de la política de seguridad.
El debate mantiene sobre la mesa la necesidad de combinar acciones efectivas contra la delincuencia con mecanismos de supervisión, transparencia y respeto a los procedimientos legales.
La organización opositora reiteró sus cuestionamientos a la gestión gubernamental y consideró necesario revisar las políticas aplicadas durante los últimos seis años, especialmente en lo relacionado con las intervenciones policiales y la protección de la vida de los ciudadanos.
