Miami, Estados Unidos. – La justicia del estado de Florida emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996 y que provocó la muerte de cuatro personas.
La medida fue anunciada este lunes 19 de octubre de 2026 por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien informó que las autoridades estatales obtuvieron una orden judicial contra el exmandatario cubano como resultado de una investigación reabierta durante el año pasado.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y establece que Castro deberá ser detenido sin derecho a fianza si queda bajo la jurisdicción de las autoridades correspondientes.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas por aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea cubana, mientras realizaban operaciones relacionadas con la búsqueda de migrantes que intentaban abandonar Cuba por vía marítima.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno residente legal permanente en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las aeronaves se encontraban sobre aguas internacionales cuando fueron alcanzadas por misiles disparados desde los aviones militares cubanos.
En aquel momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y era una de las principales figuras de la estructura militar y política del Gobierno encabezado por su hermano, Fidel Castro.
Según la investigación presentada por la Fiscalía de Florida, agentes de inteligencia cubanos que operaban en territorio estadounidense habrían infiltrado la organización Hermanos al Rescate para recopilar información sobre sus operaciones.
Los investigadores sostienen que esos agentes transmitieron datos relacionados con los planes de vuelo de las avionetas, información que presuntamente fue utilizada para facilitar la operación militar que terminó con el derribo de las aeronaves.
La Fiscalía considera que Raúl Castro habría formado parte de la cadena de mando responsable de autorizar el ataque, por lo que decidió presentar una acusación estatal por conspiración para cometer asesinato en primer grado.
Durante una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional de Florida, Uthmeier defendió la decisión judicial y aseguró que las autoridades continuarán buscando responsabilidades por las muertes ocurridas hace tres décadas.
La orden estatal se suma a una acusación presentada en mayo de 2026 por la justicia federal estadounidense, que también atribuye al expresidente cubano presunta participación en los hechos.
Aquella acusación federal incluyó cargos relacionados con asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves civiles.
Aunque la nueva orden representa un avance judicial para los fiscales estadounidenses, su ejecución enfrenta importantes dificultades debido a que Raúl Castro permanece en Cuba, país que no mantiene mecanismos ordinarios de extradición con Estados Unidos.
Las autoridades de Florida consideran que la orden podría tener consecuencias sobre sus desplazamientos internacionales, especialmente si el exmandatario viajara a un país que mantenga acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos.
El Gobierno cubano rechazó las acusaciones. El presidente Miguel Díaz-Canel cuestionó la decisión y la calificó como una actuación de carácter político, mientras que el canciller Bruno Rodríguez también criticó la iniciativa de las autoridades estadounidenses.
La Habana ha defendido históricamente su actuación en el incidente de 1996 bajo argumentos relacionados con la protección de su soberanía y las incursiones de aeronaves procedentes de Estados Unidos.
Sin embargo, las investigaciones internacionales sobre el derribo determinaron que las avionetas fueron atacadas fuera del espacio aéreo territorial cubano.
El caso constituye uno de los episodios más sensibles en las relaciones entre Washington y La Habana, especialmente para la comunidad cubana exiliada en Miami y los familiares de las cuatro víctimas.
La nueva actuación judicial ocurre en medio de un contexto de tensiones diplomáticas y económicas entre ambos países, marcado por el endurecimiento de las políticas estadounidenses hacia el Gobierno cubano.
Por el momento, la emisión de la orden de arresto no equivale a una sentencia condenatoria. Las acusaciones deberán ser examinadas mediante los procedimientos judiciales correspondientes y se mantiene la presunción de inocencia del acusado.
Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, la justicia de Florida vuelve a colocar el caso en el centro de la atención internacional, mientras las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación y buscan determinar las responsabilidades penales relacionadas con la muerte de las cuatro personas.
