Santo Domingo, República Dominicana. – El Senado de la República aprobó de urgencia, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de ley que busca extender hasta el 5 de noviembre de 2028 la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la responsabilidad penal de las empresas y otras personas jurídicas.
La iniciativa, aprobada el miércoles 21 de octubre de 2026 con 21 votos favorables, fue presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, conocido como Cholitín, quien también preside la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
La propuesta modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece un plazo adicional de 24 meses para la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano.
Estas disposiciones, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 5 de noviembre de 2026, comenzarían a aplicarse el 5 de noviembre de 2028 si la modificación completa el proceso legislativo y es promulgada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto tiene como finalidad conceder un período de adaptación a las empresas, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que deberán cumplir con las nuevas responsabilidades establecidas en la legislación penal.
Durante el conocimiento de la pieza, Barón Duluc explicó que la implementación del régimen de responsabilidad penal empresarial requiere la creación de mecanismos internos de prevención, supervisión y cumplimiento normativo.
El legislador señaló que algunas empresas podrían enfrentar costos considerables para establecer estos sistemas, especialmente aquellas con recursos económicos y capacidades técnicas limitadas.
En ese sentido, argumentó que resulta necesario ofrecer un plazo razonable para que las entidades puedan organizar sus procedimientos y prepararse para responder a las exigencias de la normativa.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también respaldó la iniciativa y consideró que las empresas necesitan tiempo suficiente para adecuarse al nuevo marco legal.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas contempla situaciones en las que una organización puede enfrentar consecuencias judiciales por determinadas actuaciones u omisiones de sus órganos, representantes o subordinados, conforme a los supuestos establecidos por la ley.
Entre los aspectos que pueden ser examinados figuran los mecanismos de supervisión, los controles internos, la capacitación del personal y las medidas adoptadas para prevenir infracciones.
La propuesta legislativa plantea que durante el período adicional las instituciones competentes desarrollen acciones de orientación y formación que faciliten la aplicación de las disposiciones.
Estas actividades deberán tomar en consideración las características y capacidades económicas de las distintas organizaciones, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El proyecto también contempla la preparación de los operadores del sistema de justicia, con el propósito de favorecer una aplicación organizada y efectiva del régimen de responsabilidad penal empresarial.
La modificación no implica el aplazamiento de todo el Código Penal dominicano. Su alcance se limita a los cuatro artículos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mientras que las demás disposiciones mantienen su vigencia conforme a la legislación aplicable.
Este aspecto resulta fundamental para evitar confusiones sobre los efectos de la decisión adoptada por los senadores.
La aprobación también ha generado interés entre profesionales del derecho y especialistas en cumplimiento normativo, debido a las implicaciones que tendría para la preparación de las empresas y la aplicación de sanciones penales.
El abogado y consultor Babaji Cruz Peñaló planteó que cualquier extensión del plazo debe estar acompañada de medidas concretas que garanticen la implementación efectiva del nuevo régimen.
El debate legislativo gira en torno a la necesidad de ofrecer tiempo suficiente para la adecuación empresarial sin debilitar los mecanismos de responsabilidad establecidos en la normativa.
Tras recibir el respaldo del Senado, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, donde deberá ser estudiado y sometido a los procedimientos correspondientes.
La prórroga todavía no es definitiva, ya que necesita completar el trámite legislativo y obtener la promulgación presidencial para convertirse en ley.
De aprobarse, las empresas y demás personas jurídicas dispondrían de dos años adicionales para desarrollar sus programas de prevención, fortalecer sus controles internos y prepararse para las obligaciones penales previstas en el nuevo Código.
La decisión coloca nuevamente en el debate nacional la aplicación de la responsabilidad penal empresarial y la importancia de establecer condiciones que permitan cumplir la legislación sin generar dificultades desproporcionadas para las organizaciones de menor tamaño.
