Santo Domingo, República Dominicana. – El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca restringir las construcciones en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos naturales, como parte de una iniciativa dirigida a organizar el uso del suelo y fortalecer la seguridad de las comunidades dominicanas.
La propuesta, presentada el jueves 22 de octubre de 2026, contempla la aprobación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), un instrumento que establecería las directrices para planificar el crecimiento urbano, proteger los recursos naturales y reducir los riesgos asociados a la ocupación de terrenos peligrosos.
El proyecto fue depositado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, acompañado del viceministro de Ordenamiento Territorial, Domingo Matías.
Entre sus principales disposiciones figura la posibilidad de limitar o prohibir determinadas construcciones en áreas donde las edificaciones puedan representar un peligro para la población o provocar daños ambientales.
Los artículos 17 y 18 de la iniciativa establecen medidas para proteger playas, ríos, lagos, manglares, cuencas hidrográficas y otras zonas consideradas estratégicas para la conservación de los recursos naturales.
Asimismo, el proyecto contempla identificar los terrenos expuestos a amenazas naturales y desarrollar mecanismos para evitar que nuevas familias se establezcan en lugares donde su seguridad pueda verse comprometida.
En los casos de comunidades ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, la propuesta plantea programas de reubicación progresiva, respetando los derechos de las personas afectadas y estableciendo garantías de protección y vivienda.
Otro aspecto importante es la incorporación del cambio climático en la planificación territorial, con el propósito de que las futuras construcciones y obras de infraestructura consideren las amenazas relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos.
La iniciativa también establece que los municipios deberán organizar su crecimiento tomando en cuenta la disponibilidad de servicios básicos, las condiciones de las calles, el drenaje pluvial, las áreas verdes y los espacios destinados a viviendas de interés social.
De igual manera, busca fortalecer la coordinación entre las alcaldías para evitar que las decisiones urbanísticas de una localidad generen consecuencias negativas en territorios vecinos.
El proyecto contempla medidas para mejorar la accesibilidad y la movilidad de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, promoviendo comunidades mejor organizadas y con mayor acceso a los servicios públicos.
En materia ambiental, la propuesta reconoce la necesidad de ofrecer protección especial a espacios naturales como las bahías de Samaná, Montecristi y las Águilas, así como a los parques nacionales Jaragua y Cotubanamá.
También plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana, capacitar a profesionales y promover programas educativos para que la población conozca los riesgos asociados a la ocupación de terrenos vulnerables.
Según lo establecido en el artículo 38, las instituciones responsables deberán incorporar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordenamiento territorial.
Por otra parte, el artículo 43 dispone que los planes municipales deberán alinearse con las políticas nacionales y regionales, incluyendo criterios relacionados con infraestructura, movilidad, protección ambiental y desarrollo urbano.
La iniciativa se fundamenta en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que establece las bases para organizar el aprovechamiento del territorio dominicano.
Con esta propuesta, el Gobierno busca reducir el crecimiento urbano desordenado, proteger los ecosistemas y promover una distribución más adecuada de las inversiones y los servicios públicos.
El proyecto también contempla mecanismos de participación ciudadana para que las comunidades puedan intervenir en los procesos de planificación y expresar sus inquietudes sobre las construcciones que podrían afectar su entorno.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó que el órgano legislativo prestará atención a la iniciativa durante su conocimiento y discusión.
Las restricciones propuestas todavía no constituyen una nueva ley vigente, debido a que el proyecto deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual aprobación y promulgación.
La propuesta abre un debate sobre la necesidad de prevenir tragedias relacionadas con inundaciones y deslizamientos, especialmente en comunidades donde existen viviendas construidas en terrenos vulnerables.
De aprobarse, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecería nuevas responsabilidades para las autoridades nacionales y municipales en materia de planificación urbana, prevención de desastres y protección ambiental.
