Puerto Príncipe, Haití. – Las organizaciones criminales que operan en Haití han consolidado estructuras armadas capaces de controlar territorios, vigilar zonas estratégicas y obtener importantes recursos económicos mediante extorsiones, secuestros y cobros ilegales, convirtiéndose en uno de los principales desafíos para la seguridad y la estabilidad institucional del país caribeño.
Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, explicó durante una entrevista con DW Español que las bandas han desarrollado mecanismos de vigilancia y defensa que dificultan las operaciones de las autoridades haitianas y de las fuerzas internacionales desplegadas para combatirlas.
Según el investigador, los territorios dominados por estas organizaciones cuentan con hombres fuertemente armados, puestos de vigilancia y francotiradores ubicados en posiciones estratégicas, lo que permite detectar movimientos de las fuerzas de seguridad y preparar respuestas ante posibles intervenciones.
Da Rin señaló que las pandillas han evolucionado hasta convertirse en estructuras con intereses económicos propios, capaces de financiar sus operaciones, reclutar nuevos integrantes y ampliar sus arsenales mediante actividades ilícitas.
Uno de los principales factores que explica su poder es el control de infraestructuras fundamentales para la economía haitiana, incluidas instalaciones petroleras, terminales de contenedores y carreteras utilizadas para transportar mercancías.
Desde estas posiciones, los grupos criminales ejercen presión sobre comerciantes, transportistas y residentes, quienes en determinadas zonas deben pagar cantidades de dinero para circular o desarrollar sus actividades.
La influencia de las organizaciones armadas también se ha extendido desde Puerto Príncipe hacia los departamentos de Artibonite y del Centro, donde mantienen presencia en corredores estratégicos que comunican distintas regiones del país.
Un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas correspondiente a 2026 señala que, aunque las operaciones de seguridad permitieron recuperar algunas zonas de la capital, las bandas continúan controlando importantes rutas nacionales, incluidas vías que conducen hacia la frontera con República Dominicana.
El documento advierte que recuperar temporalmente un territorio no garantiza que el Estado pueda mantener su autoridad si no se establecen mecanismos permanentes de seguridad y administración.
Otro elemento que contribuye al fortalecimiento de las pandillas es su relación histórica con determinados sectores políticos y económicos.
De acuerdo con Da Rin, durante años algunos actores influyentes utilizaron a estos grupos para ejercer presión política, intervenir en conflictos sociales y favorecer intereses particulares.
Sin embargo, con el paso del tiempo, varias organizaciones criminales desarrollaron una mayor autonomía y comenzaron a actuar conforme a sus propios objetivos territoriales y financieros.
El especialista considera que estas relaciones han contribuido a mantener un ciclo de corrupción, impunidad y violencia que dificulta la recuperación institucional del país.
Las principales fuentes de financiamiento incluyen secuestros, extorsiones a comerciantes y residentes, peajes clandestinos y otras actividades ilegales relacionadas con el tráfico de armas y drogas.
Los recursos obtenidos permiten adquirir armamento, sostener estructuras operativas y mantener el control sobre comunidades donde la presencia del Estado es limitada.
La capacidad de actuación de estas organizaciones volvió a quedar en evidencia tras la emboscada registrada el domingo 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, donde desaparecieron cuatro militares salvadoreños integrantes de una misión internacional de seguridad.
Según las informaciones difundidas, los uniformados realizaban labores de apoyo técnico y evacuación médica cuando el vehículo en el que se desplazaban fue atacado.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió la liberación de sus compatriotas y anunció el envío de fuerzas especiales para reforzar las operaciones de búsqueda.
Más de un centenar de efectivos salvadoreños llegaron a Haití para participar en las labores de localización, mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué organización podría estar involucrada.
Hasta el momento de los reportes consultados, no se había confirmado el paradero de los cuatro militares ni la identidad de sus posibles captores.
La desaparición ha puesto nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan las misiones internacionales en territorios donde las bandas disponen de armamento, conocimiento del terreno y redes de apoyo.
La crisis también afecta directamente a la población haitiana. Naciones Unidas documentó 3,165 personas fallecidas y 1,551 heridas entre octubre de 2025 y abril de 2026, en un contexto marcado por enfrentamientos armados, operaciones de seguridad y ataques contra comunidades.
El desplazamiento interno alcanzó aproximadamente 1.5 millones de personas, reflejando las consecuencias humanitarias de la violencia y la pérdida de control estatal sobre numerosas localidades.
Los expertos advierten que las operaciones militares, por sí solas, no serán suficientes para resolver la crisis si no se desarticulan las redes económicas y políticas que facilitan el funcionamiento de las organizaciones criminales.
También consideran necesario fortalecer las instituciones haitianas, recuperar la autoridad del Estado y garantizar condiciones de seguridad sostenibles para la población.
La situación representa un desafío regional, especialmente para República Dominicana, debido a la proximidad de las zonas donde operan algunas de estas estructuras armadas y a su influencia sobre importantes rutas comerciales.
Mientras continúan los esfuerzos nacionales e internacionales para contener la violencia, el poder de las bandas sigue sustentado en una combinación de control territorial, financiamiento ilícito, armamento y vínculos con actores influyentes.
El restablecimiento de la seguridad en Haití dependerá no solamente de recuperar los territorios ocupados, sino también de impedir que las organizaciones criminales mantengan las fuentes de recursos y las redes que les permiten desafiar a las autoridades.
