Santo Domingo, República Dominicana.— La Justicia dominicana dispuso retirar el control administrativo y gerencial ordinario de Key West Corporation, S.R.L., empresa operadora de un relleno sanitario ubicado en el batey La Tumba, en Boca Chica, en medio de señalamientos sobre problemas administrativos, financieros y posibles daños ambientales.
La medida fue adoptada inicialmente por la magistrada Rosa Evelyn Fermín Díaz, de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante una ordenanza emitida el 15 de abril de 2026. Posteriormente, la decisión fue mantenida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Designan administrador judicial
La Corte designó al licenciado Felipe de Jesús Montero de los Santos como nuevo administrador judicial de la empresa, en sustitución de la gerencia anterior.
Entre sus responsabilidades figuran realizar un inventario de la situación financiera y patrimonial de la compañía, preservar sus activos, garantizar la continuidad de las operaciones y rendir informes periódicos al tribunal.
La administración judicial se mantendrá vigente hasta que los tribunales conozcan y decidan una demanda de rescisión contractual y reparación de daños y perjuicios.
Investigan posibles daños ambientales
El expediente también recoge una investigación abierta por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, relacionada con presuntos daños ambientales provocados por contaminación con desechos sólidos durante las operaciones del relleno sanitario.
El caso tiene especial relevancia debido a que la empresa gestiona una infraestructura destinada a la disposición final de residuos sólidos, actividad directamente vinculada a responsabilidades ambientales y municipales.
Socios denunciaron irregularidades
El proceso judicial surgió luego de acciones presentadas por los empresarios dominicanos César Morales y Alejandro Pérez, socios de Key West Corporation, quienes denunciaron presuntas irregularidades administrativas, limitaciones a los mecanismos de fiscalización y un manejo cuestionado de los recursos de la compañía.
Entre los señalamientos figura una presunta distracción millonaria de fondos y la alegada oposición de la antigua administración a la realización de una auditoría independiente.
Estas acusaciones todavía deberán ser verificadas dentro de los procesos judiciales correspondientes, por lo que no constituyen determinaciones definitivas de responsabilidad.
La nueva administración judicial también tendrá que atender la solicitud de una auditoría independiente destinada a esclarecer el manejo de los recursos de la compañía durante los últimos tres años.
Con la intervención, los tribunales buscan mantener la continuidad de las operaciones del relleno sanitario mientras se desarrolla el proceso judicial y se determina el futuro contractual y administrativo de la empresa.
