Santo Domingo, República Dominicana.— El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado un proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, que propone contratos con una duración mínima de cinco años y máxima de 40, dependiendo de la naturaleza del proyecto, la inversión requerida y el tiempo necesario para recuperar los recursos invertidos.
La iniciativa busca crear un marco jurídico específico para regular las concesiones entre el Estado y el sector privado, con énfasis en transparencia, seguridad jurídica, eficiencia y control de los proyectos.
Contratos podrán extenderse hasta 40 años
El proyecto establece que las concesiones tendrán una duración de entre cinco y 40 años, salvo que una legislación especial disponga algo diferente.
Las eventuales prórrogas deberán responder a causas objetivas y justificadas.
En caso de que una extensión esté relacionada con modificaciones al contrato original, será necesario contar con un informe técnico de la entidad concedente y la aprobación del órgano rector.
Tarifas no podrán cambiar libremente
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la regulación de las tarifas que podrán cobrar los concesionarios.
Cualquier revisión deberá contar con una justificación técnica y financiera, aplicar criterios objetivos y recibir autorización del Consejo Nacional de Concesiones.
Como regla general, las tarifas no podrán modificarse antes del inicio de las operaciones ni durante los primeros dos años de prestación del servicio, salvo excepciones contempladas en la ley, el contrato o las regulaciones del sector correspondiente.
Propuestas privadas no garantizan contratos
El proyecto también regula las iniciativas presentadas por empresas privadas interesadas en desarrollar obras o servicios mediante concesiones.
Estas propuestas podrán ser evaluadas durante un período de hasta seis meses, pero su presentación no otorgará automáticamente el derecho a recibir el contrato.
Con esta disposición se busca garantizar competencia entre diferentes interesados y evitar adjudicaciones directas por el simple hecho de haber presentado originalmente una iniciativa.
Licitaciones nacionales e internacionales
La propuesta establece la licitación pública nacional o internacional como mecanismo para seleccionar a los concesionarios.
Los procesos deberán cumplir con criterios objetivos de evaluación, publicidad, supervisión y rendición de cuentas.
También se contemplan medidas para prevenir conflictos de interés, restricciones para personas o empresas inhabilitadas y sanciones ante posibles incumplimientos.
Crearían un nuevo sistema nacional
La iniciativa propone crear el Sistema Nacional de Concesiones Públicas, bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
También contempla un Consejo Nacional de Concesiones, encargado de evaluar y tomar decisiones sobre los proyectos en los casos establecidos por la legislación.
El nuevo marco regularía además la distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado, la supervisión financiera, las modificaciones de contratos y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Proyecto inicia ahora su recorrido legislativo
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la propuesta será incluida en la agenda de la Cámara Alta y enviada posteriormente a una comisión para su estudio.
Una vez concluido ese proceso, deberá ser conocida por el pleno del Senado.
Si recibe aprobación, pasará a la Cámara de Diputados para continuar el procedimiento constitucional antes de poder convertirse en ley.
