SAN JUAN, PUERTO RICO.– El bachatero dominicano Dalvin Antonio Núñez Vargas, conocido artísticamente como Dalvin «La Melodía», enfrenta una demanda millonaria presentada por productores puertorriqueños ante el Tribunal Federal de Puerto Rico, por un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con ocho conciertos programados para enero de 2027 en el Coliseo José Miguel Agrelot.
La reclamación asciende a US$6.5 millones por concepto de daños compensatorios, ganancias perdidas y presuntos actos de dolo y mala fe atribuidos al artista y a miembros de su equipo de representación.
La acción judicial fue presentada por las empresas Chad Events LLC, Plug and Play LLC y Legado Events Corp., representadas por los productores Rolando Santa Fonseca, Víctor José Roque y Jairo J. Velázquez Morales.
Además del cantante, figuran como demandados Michael Antonio Quevedo Infante, conocido como «Suénala Mikey», señalado como su representante exclusivo, y Ángel David Paredes López, identificado como su manejador y agente de contrataciones.
Una disputa por la distribución de las ganancias
Según los documentos judiciales citados por medios puertorriqueños, las partes habrían establecido inicialmente un acuerdo para coproducir ocho presentaciones del bachatero en el Coliseo de Puerto Rico, previstas para los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2027.
El entendimiento contemplaba una distribución de las ganancias netas de un 55 % para los productores locales y un 45 % para el equipo del artista.
Los demandantes sostienen que, confiando en ese acuerdo, reservaron el recinto, gestionaron permisos, organizaron la promoción de los espectáculos y realizaron inversiones relacionadas con la logística y comercialización de las presentaciones.
Como parte de las evidencias, mencionan conversaciones sostenidas mediante un grupo de WhatsApp creado para coordinar los detalles de la residencia musical.
Más de 84,000 boletos vendidos y US$5.7 millones en ingresos
Uno de los elementos centrales de la demanda es el desempeño comercial de los conciertos, que, según los productores, superaron las expectativas iniciales.
Los demandantes aseguran que para el 18 de noviembre se habían vendido más de 84,000 boletos correspondientes a las ocho funciones, generando aproximadamente US$5.7 millones en ventas brutas.
También sostienen que la residencia musical estableció un récord de presentaciones de un artista de bachata en el Coliseo de Puerto Rico.
Sin embargo, la controversia habría surgido después de que avanzara la comercialización de las entradas y aumentara considerablemente la demanda del público.
Nueva propuesta económica habría provocado el conflicto
De acuerdo con la querella, el 20 de octubre los representantes del cantante plantearon modificar las condiciones económicas inicialmente acordadas.
La nueva propuesta contemplaba mantener la distribución original únicamente para la primera presentación y establecer un reparto de 80 % para Dalvin y 20 % para los productores en las otras siete funciones.
Además, incluía una garantía de US$300,000 por concierto para el artista y otras condiciones relacionadas con los derechos audiovisuales y los gastos de producción.
Los productores consideran que estas modificaciones fueron planteadas cuando ya habían realizado inversiones importantes y comprometido recursos para garantizar el desarrollo de los espectáculos.
Por su parte, los representantes del bachatero habrían sostenido que no existía un contrato definitivo firmado por todas las partes que estableciera las condiciones originalmente discutidas.
Productores reclaman US$6.5 millones ante la justicia
Ante la falta de entendimiento, los productores acudieron al tribunal federal para solicitar que se reconozca la validez del acuerdo inicial de coproducción y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La demanda reclama más de US$6.5 millones por pérdidas económicas, ganancias dejadas de percibir y otros daños que los demandantes atribuyen al supuesto incumplimiento contractual.
También solicitaron medidas para proteger los ingresos generados por la venta de las entradas y evitar posibles interferencias con los acuerdos comerciales y administrativos relacionados con los conciertos.
Los demandantes pidieron, además, que se realice una contabilidad de los recursos bajo supervisión judicial y solicitaron que el caso sea conocido mediante un juicio por jurado.
Dalvin La Melodía reacciona a la controversia
En medio de la situación, el bachatero dominicano reaccionó públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje en el que expresó: «Hoy no se sabe qué es mentira o qué es verdad».
Hasta el momento de las informaciones publicadas, no se había anunciado una cancelación oficial de las ocho presentaciones ni se había establecido una decisión judicial definitiva sobre las reclamaciones presentadas.
La controversia también ha generado interrogantes entre los seguidores del artista, especialmente por la expectativa que habían despertado sus conciertos en Puerto Rico después del éxito alcanzado durante sus seis presentaciones anteriores en el Coca-Cola Music Hall.
Ocho conciertos de enero quedan bajo incertidumbre
La disputa legal coloca bajo incertidumbre la realización de la residencia musical prevista para enero de 2027, considerada uno de los proyectos más importantes de la carrera internacional del bachatero.
Mientras los productores buscan que se reconozcan las condiciones comerciales que aseguran haber acordado, el equipo del artista enfrenta el proceso judicial y las reclamaciones económicas presentadas en su contra.
El caso deberá avanzar por los procedimientos correspondientes en la justicia federal de Puerto Rico, donde se determinará si existió un acuerdo contractual vinculante y si alguna de las partes incurrió en incumplimiento.
Por ahora, las ocho funciones permanecen en el centro de una controversia que podría tener importantes consecuencias económicas y profesionales para el bachatero dominicano y los productores involucrados.
Es importante señalar que las reclamaciones forman parte de una demanda y que las acusaciones presentadas por los productores todavía deben ser examinadas por el tribunal.



