Santo Domingo, República Dominicana.— La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) hizo un llamado urgente al Congreso Nacional para que apruebe antes del próximo jueves 5 de noviembre el proyecto que propone extender por dos años la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en el nuevo Código Penal.
La entidad se sumó así a la postura expresada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otros sectores productivos del país, que han solicitado un período adicional para que las empresas puedan adaptar sus estructuras internas a las nuevas exigencias legales.
El presidente de Adesinc, mayor general retirado Freddy González Estrada, sostuvo que el sector empresarial dominicano respalda la modernización del sistema de justicia y la implementación de una cultura de cumplimiento normativo, pero advirtió que aplicar de manera inmediata un régimen corporativo de esa magnitud podría generar dificultades para numerosas empresas.
González Estrada indicó que la preocupación alcanza tanto a las compañías de seguridad privada como a las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que muchas todavía no han completado los procesos internos necesarios para ajustarse a las disposiciones que entrarán en vigor.
El dirigente empresarial planteó que el plazo adicional de 24 meses permitiría desarrollar programas de cumplimiento o compliance, capacitar al personal y adecuar los protocolos de dirección, control y supervisión corporativa.
Aseguró que la solicitud no busca evitar la supervisión ni evadir las responsabilidades establecidas en la ley, sino garantizar que las nuevas obligaciones puedan ser implementadas de manera organizada y con criterios claros.
La posición de Adesinc se produce en momentos en que la Cámara de Diputados debe agotar los trámites legislativos correspondientes antes de la fecha límite inicialmente establecida para el 5 de noviembre de 2026.
A partir de esa fecha entrarían en vigencia los artículos del nuevo Código Penal relacionados con la responsabilidad directa de las personas jurídicas, una figura que contempla consecuencias legales para las empresas por determinadas conductas cometidas dentro de sus estructuras.
González Estrada explicó que el sector de la seguridad privada presenta características particulares debido a la naturaleza sensible de sus operaciones.
Entre ellas mencionó la gestión de riesgos físicos, el uso regulado de determinados equipos y la necesidad de mantener una coordinación permanente con distintas normativas sectoriales.
Advirtió que la aplicación de sanciones severas sin un período adecuado de transición podría afectar a empresas que todavía se encuentran en proceso de adaptación.
Entre las posibles consecuencias previstas dentro del nuevo esquema figuran multas, inhabilitación comercial, cierre de establecimientos e incluso la disolución corporativa, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
El presidente de Adesinc consideró que aplicar esas medidas sin que las empresas hayan tenido tiempo suficiente para desarrollar estructuras formales de cumplimiento podría poner en riesgo la estabilidad de miles de empleos formales.
La organización respaldó además el planteamiento de que la prórroga no debe interpretarse como una flexibilización de la legislación penal, sino como una herramienta de transición.
Según González Estrada, el tiempo adicional permitiría que tanto las empresas como el propio sistema judicial dispongan de pautas claras, guías homologadas y mecanismos de supervisión adaptados a la realidad y capacidad económica de cada organización.
El presidente de Adesinc expresó su confianza en que los legisladores puedan completar durante esta semana el proceso necesario para aprobar la extensión antes de que venza el plazo.
Asimismo, consideró que la implementación de la normativa debe realizarse sobre bases firmes, ordenadas y respetuosas del debido proceso.
La entidad también reconoció la iniciativa del senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, quien sometió el proyecto legislativo para extender el período de entrada en vigencia.
Adesinc valoró además la decisión del Senado de la República de declarar la propuesta de urgencia y aprobarla en dos lecturas consecutivas.
Con el plazo del 5 de noviembre próximo, la atención queda ahora concentrada en la Cámara de Diputados, donde deberá completarse el proceso legislativo para que la prórroga pueda convertirse en ley antes de la entrada en vigencia de las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las empresas.
