El Colegio Médico Dominicano (CMD) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, al considerar que algunas disposiciones afectan la seguridad jurídica de los profesionales de la salud y vulneran principios constitucionales.
Santo Domingo, República Dominicana. – El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este martes la presentación de una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La entidad médica explicó que la iniciativa responde a preocupaciones relacionadas con disposiciones que, según su criterio, podrían vulnerar principios constitucionales fundamentales y generar inseguridad jurídica en el ejercicio de la medicina.
El CMD aclaró que su recurso no persigue la impunidad de los profesionales de la salud. Por el contrario, reiteró que los médicos deben responder ante la justicia cuando existan evidencias de dolo, mala fe, culpa grave o incumplimiento de las normas éticas y profesionales que rigen la práctica médica.
Sin embargo, sostuvo que este tipo de responsabilidades deben ser conocidas dentro de las jurisdicciones civiles, disciplinarias o éticas correspondientes, y no mediante figuras penales que, a juicio de la organización, exceden los límites establecidos por la Constitución.
Entre los artículos impugnados se encuentran los números 8, 9 y 12, relacionados con la responsabilidad penal de los centros de salud, la responsabilidad compartida y la omisión por posición de garante. El gremio considera que estas disposiciones permiten interpretaciones amplias y ambiguas que podrían derivar en imputaciones basadas en presunciones.
Asimismo, el CMD cuestionó el artículo 354, que contempla un agravamiento de penas para médicos que laboran en el sector público. Según la organización, esta disposición podría vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley al establecer un tratamiento diferenciado para un mismo ejercicio profesional.
La institución también advirtió sobre las posibles consecuencias de estas medidas en la prestación de servicios sanitarios, señalando que podrían fomentar la denominada “medicina defensiva”, caracterizada por la realización de estudios y procedimientos innecesarios, mayores retrasos en la atención médica y limitaciones en el manejo de pacientes con condiciones complejas.
El gremio médico afirmó que la acción depositada ante el Tribunal Constitucional está respaldada por precedentes jurisprudenciales y tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud, al tiempo que protege el derecho de la ciudadanía a recibir una atención médica eficiente, segura y de calidad.
La decisión ahora queda en manos del Tribunal Constitucional, que deberá evaluar los argumentos presentados y determinar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
