San José, Costa Rica. – El Gobierno de Costa Rica inauguró una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para albergar a 5,100 reclusos, inspirada en el modelo penitenciario implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como parte de una estrategia para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que afectan al país centroamericano.
La instalación, denominada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), fue inaugurada el miércoles 14 de octubre de 2026 por la presidenta costarricense, Laura Fernández, durante una ceremonia celebrada en el complejo penitenciario La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela, aproximadamente a 25 kilómetros de San José.
La nueva infraestructura representó una inversión cercana a los 35 millones de dólares y fue diseñada para concentrar a líderes de organizaciones criminales, sicarios, integrantes de bandas y otros internos considerados de alta peligrosidad.
El objetivo principal del establecimiento es reforzar el control del sistema penitenciario e impedir que personas vinculadas con estructuras delictivas continúen dirigiendo operaciones criminales desde los centros de reclusión.
Durante la inauguración, la mandataria defendió la necesidad de aplicar medidas más estrictas frente al avance de las organizaciones criminales y expresó su intención de convertir a Costa Rica en un referente internacional en materia de seguridad penitenciaria.
La presidenta sostuvo que el nuevo centro forma parte de una transformación de la política de seguridad nacional, orientada a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos violentos.
El complejo fue construido sobre un terreno de aproximadamente 91,000 metros cuadrados, de los cuales unos 31,000 corresponden a infraestructura penitenciaria.
Cuenta con cinco módulos independientes, cada uno con capacidad para 1,020 personas privadas de libertad, lo que permite alcanzar un total de 5,100 internos cuando la instalación opere a plena capacidad.
Las celdas fueron diseñadas para alojar hasta 60 reclusos y disponen de literas de tres niveles, servicios sanitarios, duchas y espacios destinados a recibir luz solar.
La infraestructura también incorpora sistemas de videovigilancia, monitoreo electrónico permanente, controles reforzados de acceso y mecanismos de supervisión destinados a limitar el ingreso de objetos prohibidos.
Las autoridades consideran que estas medidas permitirán mejorar el control sobre los internos de mayor peligrosidad y reducir las posibilidades de que continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.
Los reclusos deberán utilizar uniformes anaranjados y estarán sujetos a protocolos especiales de seguridad, establecidos por el Ministerio de Justicia y Paz.
Sin embargo, la inauguración no significa que el centro haya comenzado inmediatamente a recibir prisioneros.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, informó que los primeros traslados están programados para finales de octubre, una vez concluya la preparación operativa de la Policía Penitenciaria y se verifique el funcionamiento de los sistemas de seguridad.
La ocupación se realizará de manera gradual, mediante el traslado de internos considerados de alto perfil criminal desde otros establecimientos penitenciarios.
Las autoridades proyectan ampliar progresivamente la cantidad de reclusos hasta alcanzar la capacidad prevista, conforme se habiliten los módulos y se completen los procedimientos operativos.
Uno de los principales beneficios esperados por el Gobierno es la reducción del hacinamiento en el sistema carcelario.
Según las estimaciones oficiales, la entrada en funcionamiento del CACCO podría contribuir a disminuir la sobrepoblación penitenciaria, que actualmente se sitúa alrededor del 59 %, hasta aproximadamente un 15 %.
No obstante, esa reducción constituye una proyección gubernamental que dependerá de la ocupación efectiva del establecimiento y de la evolución de la población penitenciaria.
El proyecto fue concebido durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, quien fortaleció la cooperación con el Gobierno salvadoreño y promovió la adopción de determinadas características del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.
La construcción comenzó en enero de 2026 y utilizó como referencia planos facilitados por las autoridades salvadoreñas.
Su diseño está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida durante la administración de Nayib Bukele.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambas instalaciones.
Mientras el centro salvadoreño tiene una capacidad anunciada de aproximadamente 40,000 personas, la megacárcel costarricense fue diseñada para 5,100 internos.
El CACCO también operará dentro del marco institucional y jurídico de Costa Rica, cuyas autoridades deberán garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al sistema penitenciario.
La inauguración ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia vinculada con el narcotráfico.
Durante décadas, Costa Rica fue considerada uno de los países más seguros de Centroamérica, pero en los últimos años ha experimentado un incremento significativo de los homicidios y de las disputas entre organizaciones criminales.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial, el país registró 905 homicidios en 2023, la cifra más elevada de su historia.
En 2024 se contabilizaron 876 asesinatos, mientras que en 2025 fueron registrados 873, cifras que reflejan una reducción moderada respecto al máximo histórico, pero que permanecen por encima de los niveles observados en años anteriores.
Las autoridades han relacionado una parte importante de estos hechos violentos con disputas entre grupos dedicados al tráfico de drogas y al control de mercados locales.
El crecimiento de estas organizaciones ha llevado al Gobierno costarricense a fortalecer sus estrategias de vigilancia, investigación y control penitenciario.
La nueva megacárcel constituye una de las medidas más visibles de esa política de seguridad.
Sin embargo, su construcción también ha generado debates sobre la eficacia de los modelos penitenciarios de alta contención y sus posibles implicaciones para los derechos de las personas privadas de libertad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado diferentes aspectos de la estrategia de seguridad salvadoreña, particularmente las detenciones arbitrarias, las condiciones de reclusión y las garantías del debido proceso.
Aunque las autoridades costarricenses consideran que el modelo puede contribuir a combatir el crimen organizado, especialistas han señalado que la seguridad pública también requiere fortalecer las investigaciones judiciales, la prevención de la violencia y la capacidad institucional para perseguir delitos.
En ese contexto, el Gobierno de Fernández mantiene diferencias con sectores del Poder Judicial sobre las políticas de seguridad y los recursos destinados a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los hechos delictivos.
La presidenta ha insistido en que la efectividad de las nuevas medidas penitenciarias dependerá también de la capacidad del sistema judicial para procesar y condenar a quienes cometan delitos.
Por su parte, representantes judiciales han defendido la importancia de preservar la independencia institucional y garantizar el respeto a las normas legales.
La inauguración del CACCO también coincide con el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre Costa Rica y El Salvador en materia de seguridad.
Como parte de esa agenda, la presidenta Laura Fernández anunció una visita a territorio salvadoreño para reunirse con Nayib Bukele y conocer directamente el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo.
La cooperación entre ambos países ha permitido intercambiar experiencias sobre infraestructura penitenciaria, controles de seguridad y mecanismos de administración de centros de alta contención.
Las autoridades costarricenses sostienen que estos intercambios contribuirán a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las prisiones.
Con la inauguración de la megacárcel, Costa Rica incorpora una infraestructura penitenciaria de gran capacidad en medio de una etapa de transformación de sus políticas de seguridad.
El establecimiento representa una inversión importante en el sistema carcelario y plantea un nuevo enfoque para el manejo de internos considerados de alta peligrosidad.
No obstante, los resultados de esta iniciativa deberán evaluarse a partir de su funcionamiento, la reducción efectiva del hacinamiento, el control de las actividades delictivas desde prisión y el cumplimiento de las garantías legales.
Mientras se preparan los primeros traslados de reclusos para finales de octubre, el Gobierno costarricense presenta el CACCO como una de sus principales herramientas para combatir el crimen organizado.
La apertura del centro marca un nuevo capítulo en la política penitenciaria de Costa Rica, que apuesta por un modelo de mayor control y seguridad frente al crecimiento de la violencia, en medio de un debate regional sobre la efectividad de las medidas de encarcelamiento y la protección de los derechos humanos.
