Santo Domingo, República Dominicana.— El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República investigar de manera independiente cada caso en el que la Policía Nacional reporte un supuesto “intercambio de disparos” con civiles.
Valentín planteó que el Ministerio Público debe asumir directamente estas investigaciones para determinar las circunstancias reales en que ocurren las muertes durante intervenciones policiales.
Pide fiscales para investigar cada caso
El funcionario solicitó que, cada vez que se produzca un hecho de este tipo, la procuradora general designe a los titulares del Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente para realizar las investigaciones.
A su juicio, corresponde a los fiscales establecer si realmente existió un enfrentamiento armado o si las muertes ocurrieron bajo circunstancias diferentes a las reportadas inicialmente.
Cuestiona comisiones internas de la Policía
Valentín expresó preocupación porque sea la propia Policía Nacional la que conforme comisiones integradas por sus miembros para investigar actuaciones en las que participan agentes de esa misma institución.
Consideró que ese mecanismo puede generar dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de las conclusiones.
Por esta razón, entiende que las investigaciones deben quedar en manos de una institución externa y con competencia legal para dirigir procesos penales.
Reclama evaluaciones del Inacif
El director de la Defensa Pública también pidió que en estos casos se realicen todas las evaluaciones médico-legales necesarias.
Señaló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) debe participar mediante las experticias correspondientes para establecer cómo ocurrieron las muertes, las trayectorias de los disparos y otros elementos relevantes.
Valentín insistió en que no debe asumirse automáticamente como válida la primera versión ofrecida tras un hecho violento.
Recuerda obligación de preservar la vida
El funcionario recordó que la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, establece entre las responsabilidades de esa institución la preservación de la vida y la garantía de la seguridad ciudadana.
En ese sentido, consideró necesario que cualquier muerte ocurrida durante una actuación policial sea investigada con rigor y conforme a los procedimientos establecidos.
Cuestiona uso del término “código 29”
Valentín también manifestó preocupación por el uso de la expresión “código 29” para referirse a muertes ocurridas durante intervenciones de organismos de seguridad.
Sostuvo que utilizar términos de este tipo como sustitutos para referirse a una persona fallecida no contribuye a una cultura institucional acorde con un Estado social y democrático de derecho.
La Defensa Pública mantiene así su llamado a fortalecer los mecanismos de investigación independiente y garantizar que cada muerte violenta sea esclarecida con criterios técnicos, forenses y jurídicos.
