Las autoridades identificaron a varios imputados acusados de integrar una red criminal que realizaba estafas y chantajes a víctimas en Estados Unidos utilizando el nombre del Cartel de Sinaloa.
Santiago.– El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra varios imputados acusados de formar parte de una presunta red criminal internacional dedicada a estafas, extorsiones, chantajes y lavado de activos, cuyas operaciones eran coordinadas desde el distrito municipal de Jacagua, en la provincia de Santiago.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la organización utilizaba el nombre del Cartel de Sinaloa para intimidar a sus víctimas, principalmente ciudadanos residentes en Estados Unidos, a quienes exigían dinero mediante amenazas y mecanismos de presión psicológica.
Las investigaciones establecen que los integrantes de la estructura dominaban el idioma inglés y empleaban herramientas tecnológicas para contactar a las víctimas, haciéndose pasar por miembros de organizaciones criminales con el objetivo de obtener beneficios económicos de manera ilícita.
Entre los imputados identificados por las autoridades figuran Pedro Subercaseaux Errázuriz, Carlos Vicuña Fuentes, Gabriel González Videla, Alfredo Duhalde Vásquez, Jorge Alessandri Rodríguez, Eugenio González Rojas, Paulino, alias “Pedro Navaja”, Juan Bautista Rossetti Colombino, Alejandro Ríos Valdivia y Humberto Elgueta Guzmán.
Según el Ministerio Público, los recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas eran movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas y diversas plataformas de pago digital, con el propósito de dificultar el rastreo del dinero y ocultar su procedencia.
Las autoridades también sostienen que la organización reclutaba jóvenes de Santiago y otras localidades cercanas, atraídos por el aparente éxito económico de los miembros de la red.
El expediente señala además que las amenazas y actos de intimidación ejecutados por la estructura criminal provocaron importantes afectaciones psicológicas tanto en las víctimas como en sus familiares.
El Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones mientras solicita la imposición de medidas de coerción para garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial y determinar el alcance completo de las operaciones atribuidas a la presunta red internacional.
