La justicia declaró complejo el caso de la denominada Operación Onco 14 y envió a prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán, acusados de integrar una presunta red que habría desviado recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
Santiago.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta y a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, señalados por el Ministerio Público como dos de los principales responsables de una presunta estructura dedicada al desvío de fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La jueza Stephanie Santiago Reyes declaró el proceso como caso complejo y dispuso que ambos imputados cumplan la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres. En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, deberá cumplir arresto domiciliario.
La investigación, denominada Operación Onco 14, sostiene que los acusados habrían implementado un esquema de fraude que afectó los recursos del Patronato, al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a pacientes que recibían tratamiento contra el cáncer.
Al concluir la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que el expediente contiene suficientes elementos probatorios para vincular a los imputados con los hechos investigados.
Ortiz adelantó que las pesquisas continúan y no descartó nuevas acciones judiciales, al indicar que podrían surgir más personas implicadas en el presunto entramado de corrupción.
Según el expediente, la red habría operado mediante múltiples mecanismos para obtener beneficios económicos ilícitos, entre ellos la alteración de indicaciones médicas, doble facturación al SeNaSa, comercialización de medicamentos donados, falsificación de sellos médicos y entrega incompleta de tratamientos a pacientes.
Las investigaciones también incluyen presuntas irregularidades relacionadas con contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, lavado de activos, reembolsos fraudulentos, pagos irregulares, uso indebido de instalaciones hospitalarias para procedimientos estéticos y sabotaje informático.
El Ministerio Público sostiene además que parte de los recursos presuntamente desviados fueron canalizados a través de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y de la firma Vargas Lora & Asociados, actualmente Vargas Guzmán Accounting Center, entidades que figuran entre las investigadas dentro del proceso.
Con la declaración de complejidad del caso, las autoridades dispondrán de un mayor plazo para ampliar las investigaciones y fortalecer la acusación contra los imputados y cualquier otra persona que pudiera estar vinculada al presunto fraude millonario.
