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Exmilitar recibe 304 años de prisión en El Salvador por crímenes de una estructura de exterminio

La justicia salvadoreña dictó condenas de hasta 450 años contra integrantes de una red criminal vinculada a homicidios, robos y agrupaciones ilícitas cometidas en 2016.

San Miguel, El Salvador.– El sistema judicial de El Salvador impuso severas condenas contra miembros de una estructura criminal señalada por múltiples homicidios y delitos violentos cometidos en 2016, en una decisión emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel.

Entre los principales sentenciados figura el exsoldado Denis Alexander Hernández González, alias “La Vaca”, quien fue condenado a 304 años de prisión tras ser hallado culpable de nueve homicidios agravados, dos robos agravados y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la resolución judicial, la estructura operaba como un grupo de exterminio responsable de hechos de extrema violencia, incluyendo ataques armados y asesinatos múltiples en distintas zonas del oriente del país.

Otro de los condenados es Luis Antonio Lara del Cid, alias “Toño”, quien recibió una pena de 450 años de prisión por su participación en 14 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, considerada la sentencia más alta del caso.

Asimismo, José Alberto Ramírez Serpas fue sentenciado a 155 años de prisión, mientras que el expolicía Jaime Ernesto Bonilla Martínez recibió 60 años por su implicación en dos homicidios. Otros integrantes también fueron condenados con penas que oscilan entre 10 y 450 años, dependiendo de su nivel de participación en los hechos.

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El tribunal estableció que los crímenes fueron planificados y ejecutados con alto grado de violencia, incluyendo ataques en los que varias víctimas fueron asesinadas durante reuniones familiares y otros eventos comunitarios.

La Fiscalía General de la República de El Salvador destacó que las pruebas presentadas demostraron la existencia de una estructura organizada dedicada a cometer delitos graves, lo que generó un fuerte impacto social en las comunidades afectadas.

Las autoridades judiciales señalaron que estas sentencias buscan sancionar con severidad los hechos cometidos y reforzar la lucha contra el crimen organizado en el país centroamericano.

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