Miami, Estados Unidos. – La Fiscalía del estado de Florida obtuvo una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 y que provocó la muerte de cuatro personas.
La medida fue anunciada el lunes 19 de octubre de 2026 por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien explicó que la orden forma parte de una investigación sobre las responsabilidades relacionadas con el ataque perpetrado por aviones militares cubanos hace tres décadas.
La orden judicial fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y establece que Castro podrá ser detenido sin derecho a libertad bajo fianza.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana mientras sobrevolaban aguas internacionales, según las investigaciones estadounidenses.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., integrantes de la organización humanitaria que realizaba labores de búsqueda y asistencia a migrantes cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos por vía marítima.
Según la Fiscalía, las aeronaves habían despegado del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, y se encontraban fuera de las aguas territoriales cubanas cuando fueron alcanzadas por misiles.
Las autoridades estadounidenses sostienen que agentes de inteligencia cubanos infiltrados en la organización recopilaron información sobre los vuelos y la transmitieron a La Habana, facilitando presuntamente la operación militar.
La investigación señala a Raúl Castro, quien entonces ocupaba los cargos de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, como uno de los responsables de la cadena de mando que autorizó el ataque.
El fiscal James Uthmeier afirmó que existen elementos para atribuir al exmandatario participación en la conspiración y aseguró que las autoridades de Florida continuarán buscando responsabilidades por la muerte de las cuatro víctimas.
La nueva orden estatal se suma a una acusación federal presentada en mayo de 2026 por la justicia estadounidense, que incluye cargos relacionados con asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves civiles.
El proceso representa una nueva actuación judicial en un caso que durante décadas ha generado controversia entre Estados Unidos y Cuba, particularmente entre los familiares de las víctimas y las comunidades del exilio cubano en Miami.
No obstante, la ejecución de la orden enfrenta dificultades debido a que Raúl Castro, de 95 años, reside en Cuba y no se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
El fiscal de Florida señaló que la medida podría limitar los desplazamientos internacionales del exmandatario, especialmente si viajara a territorios donde existan mecanismos de cooperación judicial y extradición con Estados Unidos.
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó la orden de arresto y la calificó como una actuación con motivaciones políticas y electorales, al considerar que carece de fundamento jurídico.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también cuestionó la iniciativa y acusó a dirigentes políticos del sur de Florida de promover acciones contra las autoridades de la isla.
Estas declaraciones reflejan las diferencias entre ambos gobiernos respecto a la interpretación del caso y las responsabilidades por el derribo de las aeronaves.
Las autoridades estadounidenses mantienen que el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional, mientras que Cuba ha defendido históricamente su actuación alegando razones de soberanía y seguridad nacional.
El episodio de 1996 marcó profundamente las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana y continúa siendo uno de los acontecimientos más sensibles para las familias de las víctimas.
La nueva acusación se produce en medio de un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, caracterizado por sanciones económicas y diferencias políticas.
Aunque la orden permite avanzar en las actuaciones judiciales, Raúl Castro no ha sido condenado por estos cargos, por lo que corresponde a los tribunales determinar su eventual responsabilidad penal.
Treinta años después del derribo de las avionetas, el caso vuelve a ocupar la atención internacional, mientras las autoridades de Florida buscan llevar ante la justicia al expresidente cubano y los familiares de las víctimas mantienen sus reclamos de esclarecimiento y responsabilidad.
