Una joven de 22 años aseguró que continúa siendo víctima de intimidaciones y hostigamiento por parte de su expareja, a pesar de que existe una orden judicial que le prohíbe cualquier tipo de acercamiento o contacto.
Santo Domingo.– Una joven identificada como Soraida Aquino Guillén, de 22 años, denunció que continúa enfrentando situaciones de acoso, amenazas e intimidación presuntamente cometidas por su expareja, Junior Sleyter Martínez, a pesar de contar con una orden de protección emitida por las autoridades competentes.
La denunciante expresó que vive con temor debido a las acciones que atribuye al hombre, las cuales, según afirma, han afectado significativamente su tranquilidad y su capacidad de desenvolverse con normalidad en su vida diaria.
De acuerdo con documentos emitidos por el Ministerio Público, el 13 de marzo de 2025 la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Santo Domingo Este otorgó una orden de protección a favor de Aquino Guillén como parte de una investigación relacionada con presuntas violaciones a la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar.
La medida establece que el denunciado debe abstenerse de realizar amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier acción que afecte la seguridad de la joven, ya sea de manera directa o indirecta.
Asimismo, le prohíbe acercarse a su residencia, frecuentar los lugares que ella visita o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.
La joven sostuvo que, pese a la existencia de la orden judicial, las conductas denunciadas habrían continuado, situación que considera una violación a las disposiciones impuestas por las autoridades.
Ante este escenario, Aquino Guillén solicitó una intervención más efectiva de los organismos correspondientes para garantizar su seguridad y hacer cumplir las medidas de protección establecidas por la justicia.
La orden emitida por el Ministerio Público contempla que, en caso de incumplimiento, las autoridades pueden gestionar una orden de arresto contra el denunciado para ponerlo a disposición de los tribunales competentes.
Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento de las autoridades encargadas de velar por la protección de las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
