WASHINGTON, Estados Unidos.– Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes de salida.
La decisión fue adoptada por el juez de distrito George O’Toole Jr., de Boston, quien ordenó suspender la aplicación de la normativa utilizada para imponer estas sanciones y las multas emitidas mediante ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.
Multas podían alcanzar cifras millonarias
El caso ha generado especial atención debido a que algunos inmigrantes afectados llegaron a acumular deudas de hasta 1.8 millones de dólares por estas sanciones.
El magistrado consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las multas es ilegal.
Entre los argumentos señalados por el juez figura que el Gobierno no habría valorado adecuadamente las circunstancias particulares de cada persona antes de aplicar las sanciones.
Más de 100,000 personas habrían sido afectadas
De acuerdo con datos citados en el proceso judicial, la política habría afectado a más de 100,000 personas en todo Estados Unidos y generado multas por aproximadamente 84,000 millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
La demanda fue presentada en noviembre de 2025 y cuestiona la forma en que las autoridades federales han aplicado las sanciones.
Los abogados de los demandantes sostienen que algunas personas recibieron multas pese a encontrarse realizando trámites migratorios legales, cumplir con órdenes de supervisión de las autoridades o alegar que no podían regresar de manera segura a sus países de origen.
El caso de dos demandantes
La demanda incluye a Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, quienes enfrentaron sanciones de cientos de miles de dólares.
En el caso de Nancy M., las multas llegaron hasta aproximadamente 1.8 millones de dólares, pese a que, según sus representantes legales, mantenía contacto con las autoridades migratorias y utilizaba los procedimientos legales disponibles.
Una de las demandantes posteriormente obtuvo una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal.
Gobierno no podrá hacer cumplir las multas
La Legal Aid Society, que representa a los demandantes junto con otras organizaciones de servicios legales, calificó la decisión como una importante victoria para las familias inmigrantes.
Mientras el litigio continúa, el fallo impide al Gobierno hacer cumplir las multas emitidas bajo el procedimiento cuestionado.
El juez también consideró que el cobro de estas sanciones podría llevar a los afectados a situaciones de insolvencia, debido al rápido crecimiento de las deudas.
Administración Trump había modificado el procedimiento
La Administración Trump retomó a comienzos de 2025 la aplicación de una disposición de la legislación migratoria estadounidense que permite imponer multas civiles a determinados inmigrantes que no abandonen el país después de recibir una orden de remoción o de salida voluntaria.
Posteriormente, en junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia modificaron el procedimiento para imponer y recurrir estas sanciones.
Entre los cambios estuvo la eliminación de la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y la reducción del plazo disponible para apelar.
El fallo federal representa ahora un nuevo obstáculo para la aplicación de estas sanciones mientras continúa el proceso judicial.



