Santo Domingo, República Dominicana. – La magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz manifestó este jueves 8 de octubre de 2026 su desacuerdo con la jurisdicción privilegiada que permite que determinados funcionarios públicos sean procesados penalmente ante tribunales superiores debido a los cargos que desempeñan, al considerar que todas las personas deberían transitar por los mismos procedimientos judiciales, independientemente de su posición.
La jueza expresó su postura durante las entrevistas públicas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como parte del proceso de evaluación de los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Durante su intervención, Pujols Ortiz sostuvo que el ejercicio de una función pública no debería representar una diferencia en el procedimiento mediante el cual una persona enfrenta una acusación penal.
La magistrada explicó que, desde su perspectiva, los procesos judiciales deberían comenzar en las instancias ordinarias correspondientes y avanzar por los mecanismos de revisión establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
Su planteamiento se produjo cuando fue interrogada sobre el régimen de jurisdicción privilegiada, una figura contemplada en la legislación dominicana que atribuye a la Suprema Corte de Justicia y a determinadas cortes de apelación el conocimiento de procesos penales contra funcionarios específicos.
Pujols Ortiz afirmó que nunca ha compartido ese mecanismo, debido a que entiende que el cargo ocupado por una persona no debería modificar el recorrido procesal que corresponde a los demás ciudadanos.
En ese sentido, consideró jurídicamente preferible que los expedientes sigan los procedimientos ordinarios y lleguen a la Suprema Corte cuando corresponda, conforme a las vías legales establecidas.
La posición de la magistrada introduce un tema de debate sobre la igualdad ante la ley, las competencias de los tribunales y las garantías procesales aplicables a los funcionarios públicos.
Actualmente, la Constitución dominicana contempla atribuciones especiales para el conocimiento de determinadas causas penales, por lo que cualquier modificación del régimen de jurisdicción privilegiada tendría que realizarse mediante los mecanismos jurídicos correspondientes.
La magistrada no presentó su posición como una decisión institucional, sino como un criterio personal sobre la organización y el funcionamiento del sistema de justicia.
Además de pronunciarse sobre la jurisdicción privilegiada, Pujols Ortiz abordó uno de los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial dominicano: la acumulación de expedientes pendientes de decisión en diferentes tribunales.
La aspirante a la Suprema Corte de Justicia explicó que, en caso de resultar seleccionada, prestaría especial atención al seguimiento y acompañamiento de los órganos jurisdiccionales que presentan mayores dificultades para resolver los casos dentro de plazos razonables.
A su juicio, una de las medidas necesarias consiste en identificar las causas particulares de los retrasos y establecer mecanismos de apoyo que permitan mejorar la productividad y la organización de los tribunales.
La magistrada reconoció que la mora judicial responde a múltiples factores y que no puede atribuirse exclusivamente al desempeño de los jueces.
Entre las circunstancias que pueden provocar retrasos mencionó la disponibilidad de recursos, las necesidades de personal y el volumen de expedientes que reciben determinadas jurisdicciones.
Por esa razón, propuso realizar evaluaciones que permitan conocer las condiciones específicas de los tribunales con mayores niveles de acumulación de casos.
Pujols Ortiz consideró que los métodos de gestión y seguimiento que han producido resultados favorables en algunos órganos judiciales podrían utilizarse como referencia para apoyar a aquellos que todavía enfrentan dificultades.
Su propuesta contempla un acompañamiento institucional permanente, dirigido a fortalecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales necesarios para reducir los retrasos.
Durante la entrevista, la jueza utilizó como ejemplo los resultados del tribunal que actualmente dirige.
Explicó que, hasta el miércoles 7 de octubre, se habían registrado 400 expedientes, de los cuales 323 ya habían recibido respuesta.
La cifra fue presentada por la magistrada como muestra del trabajo de organización y seguimiento desarrollado en esa jurisdicción.
Asimismo, aclaró que los expedientes restantes se encontraban en diferentes etapas de tramitación, debido a las fechas de ingreso y a procedimientos que incluyen la fijación de audiencias y el conocimiento de admisibilidades.
La aspirante sostuvo que una gestión judicial eficiente requiere supervisar constantemente el trabajo administrativo y mantener una coordinación adecuada entre los jueces y los empleados responsables de preparar los expedientes.
En ese contexto, señaló que quienes dirigen los tribunales deben dar seguimiento al personal encargado de las actuaciones procesales, para evitar que las audiencias se suspendan o fracasen por dificultades atribuibles a la organización interna.
La magistrada consideró que el cumplimiento oportuno de estas responsabilidades puede contribuir a mejorar el funcionamiento de los tribunales y reducir los retrasos que afectan a los usuarios del sistema de justicia.
También destacó la importancia de identificar las buenas prácticas institucionales y extenderlas a otras dependencias judiciales, tomando en consideración las características y necesidades de cada jurisdicción.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una de las jornadas de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo responsable de evaluar a los profesionales que aspiran a ocupar las vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.
El proceso permite que los postulantes expongan sus experiencias profesionales, conocimientos jurídicos y propuestas relacionadas con los desafíos del Poder Judicial.
Las evaluaciones públicas también constituyen una oportunidad para conocer las posiciones de los aspirantes sobre asuntos relacionados con la independencia judicial, la administración de los tribunales y la aplicación de las normas procesales.
En el caso de Doris Josefina Pujols Ortiz, su intervención estuvo centrada principalmente en la jurisdicción privilegiada y en las medidas de gestión que considera necesarias para enfrentar la mora judicial.
La magistrada es oriunda de Sabana Larga, provincia San José de Ocoa, y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas dentro del sistema judicial dominicano.
Ingresó al Poder Judicial en 1989, cuando todavía cursaba sus estudios universitarios de Derecho, desempeñándose inicialmente como oficinista en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Posteriormente, en 1992, fue designada jueza de paz suplente del municipio de Sabana Larga, iniciando así una trayectoria en funciones jurisdiccionales que la llevó a ocupar diferentes responsabilidades dentro de la estructura judicial.
A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en distintas instancias del sistema de justicia, acumulando experiencia en el conocimiento de procesos y en la dirección de tribunales.
Desde 2017 ocupa la presidencia de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, posición desde la cual ha desarrollado labores relacionadas con la administración y resolución de expedientes penales.
En el ámbito académico, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y otra en Administración de Justicia Constitucional, además de formación especializada en Derecho Penal y Derecho Judicial.
Su preparación profesional incluye programas de actualización sobre extinción de dominio, tecnologías de la información y otras materias vinculadas con la evolución del sistema de justicia.
Esta formación, junto con su experiencia en diferentes niveles de la jurisdicción penal, forma parte de los antecedentes que presenta ante el Consejo Nacional de la Magistratura para sustentar su aspiración a integrar el máximo tribunal judicial del país.
La evaluación de Pujols Ortiz se desarrolla en el marco de un proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia, durante el cual los integrantes del CNM examinan los perfiles de jueces y profesionales del derecho interesados en ocupar las posiciones disponibles.
El organismo deberá valorar las trayectorias, capacidades y planteamientos de los aspirantes antes de adoptar las decisiones correspondientes.
Las declaraciones de la magistrada sobre la jurisdicción privilegiada resultan relevantes porque se refieren a una competencia constitucional del máximo tribunal y a las diferencias procesales establecidas para determinados funcionarios.
Por otra parte, sus propuestas sobre la mora judicial abordan un problema que incide directamente en la duración de los procesos y en la capacidad de respuesta de los tribunales.
La jueza considera que una parte importante de la solución depende de la gestión interna, el acompañamiento institucional y la identificación de los factores que provocan retrasos en cada órgano jurisdiccional.
Con su participación en las entrevistas públicas, Doris Josefina Pujols Ortiz expuso ante el Consejo Nacional de la Magistratura una visión centrada en la igualdad procesal, el fortalecimiento de la administración judicial y la necesidad de mejorar la eficiencia de los tribunales.
Su eventual designación dependerá de la evaluación y posterior decisión del organismo constitucional, que continúa examinando a los aspirantes para completar la integración de la Suprema Corte de Justicia.
