Santo Domingo, República Dominicana. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que detectó cerca de 700 extranjeros en condición migratoria irregular durante una serie de inspecciones realizadas en explotaciones agrícolas de seis provincias de República Dominicana, como parte de las acciones de fiscalización dirigidas a verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes.
Los operativos se desarrollaron los días 15 y 16 de octubre de 2026 en Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana, donde los inspectores verificaron la documentación de trabajadores extranjeros y recopilaron información sobre las condiciones de los establecimientos intervenidos.
Uno de los principales hallazgos se produjo en una explotación agrícola dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana, donde las autoridades identificaron aproximadamente 520 extranjeros en situación migratoria irregular.
La cantidad registrada en esta finca representó la mayor concentración de personas sin estatus migratorio regular identificadas durante las inspecciones, según el informe divulgado por la institución.
En otros cinco establecimientos agrícolas, los inspectores contabilizaron 114 trabajadores, de los cuales 86 eran de nacionalidad haitiana y 28 dominicanos.
De los 86 trabajadores haitianos identificados, 80 se encontraban en condición migratoria irregular, de acuerdo con los resultados de las verificaciones realizadas por los equipos de la DGM.
Las autoridades señalaron que las inspecciones no se limitaron a la revisión de documentos, sino que también incluyeron levantamientos de información sobre las condiciones laborales y otras situaciones encontradas en los centros de producción agrícola.
Durante las intervenciones se detectó la presencia de niños en algunos establecimientos, una situación que será objeto de seguimiento para determinar si existen circunstancias que requieran la actuación de los organismos responsables de la protección de menores.
La Dirección General de Migración indicó que los casos que ameriten intervención serán remitidos a las autoridades competentes, especialmente aquellos relacionados con posibles incumplimientos de las normas laborales o situaciones que comprometan los derechos de niños y adolescentes.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró que las labores de inspección y fiscalización continuarán desarrollándose en zonas donde exista una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario explicó que estas actuaciones forman parte de los mecanismos institucionales destinados a garantizar la aplicación de la Ley General de Migración número 285-04 y establecer las responsabilidades correspondientes cuando se identifiquen infracciones.
Las inspecciones también buscan verificar que los establecimientos productivos cumplan con los requisitos legales establecidos para la contratación de trabajadores extranjeros, particularmente en actividades agrícolas que requieren una importante cantidad de mano de obra.
La institución había anunciado previamente que ampliaría sus intervenciones en fincas, empresas agropecuarias, obras de construcción y otros establecimientos donde se presume la contratación de personas sin documentación migratoria regular.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones permitirán recopilar evidencias sobre posibles irregularidades y determinar si corresponde iniciar procedimientos administrativos o remitir determinados casos a los organismos judiciales.
Lee Ballester también informó que la Dirección General de Migración ha formado a 1,187 agentes de Reacción Rápida, como parte del fortalecimiento de su capacidad operativa en diferentes regiones del territorio nacional.
A este personal se incorporarán próximamente otros 300 jóvenes que reciben capacitación especializada, con el propósito de ampliar la cobertura de las operaciones migratorias en el Gran Santo Domingo y la región Este.
La DGM sostiene que el fortalecimiento de sus equipos permitirá realizar inspecciones más frecuentes y mantener una supervisión de los sectores económicos que emplean trabajadores extranjeros.
Las autoridades no precisaron cuántas de las personas identificadas durante estas inspecciones fueron posteriormente deportadas. Tampoco detallaron la cantidad de empleadores que podrían enfrentar procedimientos por las irregularidades encontradas.
El balance de cerca de 700 personas corresponde a las detecciones reportadas por la institución y no debe confundirse con una cifra confirmada de deportaciones.
Asimismo, la presencia de trabajadores extranjeros en los establecimientos inspeccionados no constituye por sí sola una infracción, ya que la verificación debe determinar la situación migratoria individual y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
La Dirección General de Migración aseguró que continuará dando seguimiento a los hallazgos y coordinando con las instituciones correspondientes las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria, laboral y de protección de menores.
Con estas intervenciones, las autoridades mantienen su estrategia de supervisión en los sectores productivos, especialmente en las zonas agrícolas, donde la contratación de mano de obra extranjera constituye uno de los aspectos sometidos a mayor fiscalización.
