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Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva para médica vinculada al caso SeNaSa

Santo Domingo. — El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se encuentra bajo arresto y es investigada dentro de la Operación Cobra 2.0-A, relacionada con un supuesto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Heredia Vallejo se entregó a las autoridades y posteriormente quedó detenida. Según informó el Ministerio Público, la médica será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde además se solicitará que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

La investigación sostiene que la gastroenteróloga habría formado parte de la estructura que presuntamente habría realizado operaciones vinculadas al supuesto desvío de fondos públicos a través de SeNaSa. Estas acusaciones deberán ser conocidas y discutidas ante los tribunales.

El Ministerio Público informó que, durante la segunda fase de la investigación, fueron arrestadas 25 personas, entre ellas funcionarios y profesionales de la medicina, a quienes atribuye diferentes niveles de participación en el esquema investigado.

Además de Heredia Vallejo, el órgano acusador solicita prisión preventiva para otros médicos vinculados al proceso, entre ellos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros.

Investigación en varias etapas

La Operación Cobra 2.0-A corresponde a una segunda etapa de una investigación cuyo principal imputado en su primera fase fue el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla del entramado investigado.

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A los investigados, el Ministerio Público les atribuye delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Estas imputaciones deberán ser determinadas y debatidas en el proceso judicial.

Mientras avanza el caso, el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos y las presuntas irregularidades detectadas en distintas instituciones.

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