Los Ángeles, EE. UU. — Una nueva directriz migratoria de la Administración del presidente Donald Trump entra en vigor este viernes y establece criterios más amplios para evaluar si determinados inmigrantes podrían ser considerados una “carga pública” al solicitar la residencia permanente en Estados Unidos.
La medida, aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), permite a los funcionarios tomar en consideración diferentes beneficios públicos y aspectos de la situación personal y económica de los solicitantes.
Según USCIS, el nuevo criterio busca alinearse con la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.
¿Qué significa ser considerado una carga pública?
La denominada “carga pública” es una causa de inadmisibilidad que puede utilizarse para negar una visa, la admisión a Estados Unidos o una solicitud de residencia permanente cuando se determina que una persona probablemente dependerá de determinados beneficios públicos en el futuro.
La nueva política representa un nuevo intento de la Administración Trump de endurecer este criterio, después de que durante el Gobierno de Joe Biden fueran revertidos cambios implementados en 2019.
¿A quiénes puede afectar?
La medida se aplica a determinados solicitantes de residencia permanente mediante peticiones familiares, como las realizadas por cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
También contempla determinadas solicitudes de residencia basadas en empleo.
Sin embargo, existen categorías migratorias que no están sujetas a esta evaluación, entre ellas personas que solicitan beneficios migratorios relacionados con asilo, refugio, visa U, visa T, VAWA y Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS).
Se amplían los factores que podrán ser evaluados
Una de las principales novedades de la directriz es que los funcionarios de inmigración podrán considerar un conjunto más amplio de beneficios y circunstancias personales.
Entre los elementos que podrían ser examinados figuran determinadas ayudas gubernamentales en efectivo, vivienda subsidiada, asistencia para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el Gobierno estadounidense.
También podrían tomarse en cuenta beneficios recibidos por familiares del solicitante cuando este tenga responsabilidad sobre su manutención y dichos beneficios estén relacionados con sus ingresos.
Además, los funcionarios podrán valorar factores como la edad, el tamaño del hogar, el estado de salud y el historial crediticio del solicitante.
Contar con un patrocinador económico tampoco será, por sí solo, suficiente para demostrar que una persona no será considerada una carga pública.
La fecha de presentación será importante
La nueva directriz comienza a aplicarse este 18 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la información proporcionada por USCIS, las solicitudes pendientes que hayan sido presentadas o enviadas por correo con sello postal del 17 de septiembre de 2026 o antes serán evaluadas bajo la regla de 2022.
Esto significa que la fecha en que se presentó una solicitud puede determinar cuál de los dos criterios será utilizado para analizar el caso.
La medida enfrenta acciones legales
La nueva política también ha provocado acciones judiciales. Varias ciudades y condados, encabezados por Nueva York, presentaron una demanda con el objetivo de bloquear su implementación.
Los demandantes cuestionan el alcance de la nueva directriz y buscan que los tribunales intervengan para impedir su aplicación.
Mientras tanto, la Administración Trump mantiene su posición de que los inmigrantes deben procurar ser autosuficientes y evitar una dependencia de determinados beneficios públicos.
¿Qué recomiendan a los solicitantes?
Abogados de inmigración citados en la información recomiendan a las personas que planean solicitar la residencia reunir documentación que permita demostrar su capacidad económica.
Entre los documentos que podrían servir como respaldo se encuentran comprobantes de empleo, seguro médico privado, ahorros, inversiones y propiedades, cuando corresponda.
También aconsejan mantenerse atentos a las acciones legales que se desarrollan contra la nueva política, debido a que los tribunales podrían determinar cambios en su aplicación.
La nueva directriz no significa que cualquier persona que reciba una ayuda pública perderá automáticamente la posibilidad de obtener la residencia. La evaluación dependerá de la categoría migratoria y de las circunstancias particulares de cada solicitante.
