Santo Domingo, República Dominicana.— El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, calificó como un avance trascendental para el país la promulgación del Decreto 787-26, mediante el cual el Gobierno establece el Código de Ética para el uso de la inteligencia artificial (IA) en los servicios públicos.
El funcionario destacó que esta normativa representa un paso importante hacia un modelo de gobernanza digital basado en la innovación tecnológica, la protección de los derechos fundamentales y la transparencia en las instituciones estatales.
«Con este instrumento, nuestro país avanza hacia un modelo de gobernanza digital en el que la innovación tecnológica tiene un principio y un propósito fundamental: estar al servicio de las personas», expresó Batista.
Reglas para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial
El titular de la OGTIC explicó que el nuevo código establece reglas, salvaguardas y límites para garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada de manera responsable, segura, ética y transparente dentro de la administración pública.
Indicó que la implementación de estas tecnologías no debe limitarse a modernizar los servicios estatales, sino que también debe garantizar el respeto a la privacidad, los derechos ciudadanos y la confianza de la población.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Luis Abinader, a través de la OGTIC y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
¿Qué establece el nuevo Código de Ética de la IA?
Entre las principales disposiciones de la normativa figuran:
- Evaluaciones de impacto ético y de derechos: los sistemas de inteligencia artificial de alto impacto deberán someterse a evaluaciones antes de su implementación.
- Prohibiciones específicas: se restringen prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos.
- Transparencia algorítmica: los ciudadanos podrán conocer cuándo una decisión administrativa haya sido respaldada por inteligencia artificial y solicitar una revisión humana.
- Protección de menores: se establecen garantías especiales para evitar usos perjudiciales de estas tecnologías contra niños, niñas y adolescentes.
- Soberanía digital: se contemplan criterios de seguridad, trazabilidad y protección de los datos utilizados por las instituciones públicas.
Gobierno apuesta por una administración pública más moderna
Batista reiteró que la inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta para construir un Estado más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.
El nuevo marco normativo también procura evitar que la incorporación de sistemas automatizados debilite las garantías individuales o genere decisiones discriminatorias dentro de las instituciones públicas.
La disposición contempla un período de 180 días calendario para que las entidades estatales adecuen sus procedimientos y sistemas tecnológicos a las nuevas exigencias.
Con la promulgación del Decreto 787-26, República Dominicana avanza en el establecimiento de reglas para integrar la inteligencia artificial a los servicios públicos, procurando que la innovación tecnológica esté acompañada de responsabilidad, supervisión y respeto a los derechos humanos.
