Persio Maldonado advierte que la redacción de la figura de “difamación extorsiva” podría abrir espacio a interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico y cuestiona el retorno de penas de prisión por difamación e injuria.
Santo Domingo.– El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, expresó preocupación por varios puntos contenidos en el proyecto de reforma del Código Penal dominicano, al considerar que algunas disposiciones podrían generar efectos sobre el ejercicio del periodismo y abrir un nuevo debate sobre los límites entre la protección del honor y la libertad de expresión.
Maldonado centró sus observaciones en la figura denominada “difamación extorsiva”, incluida dentro del proyecto legislativo, al señalar que la forma en que está redactada podría permitir interpretaciones amplias que alcancen prácticas propias del trabajo periodístico, especialmente aquellas relacionadas con investigaciones, denuncias públicas o publicaciones de interés social.
Según explicó, la preocupación no radica únicamente en la existencia de mecanismos para sancionar actos de extorsión, sino en que una redacción imprecisa pueda provocar inseguridad jurídica para periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
“El problema no es que exista una figura para castigar conductas indebidas; el problema es cuando el texto deja margen para que el ejercicio informativo pueda ser confundido con otro tipo de actuación”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó que el proyecto contemple nuevamente penas privativas de libertad para casos de difamación e injuria, al entender que este enfoque podría entrar en tensión con criterios ya establecidos por el Tribunal Constitucional dominicano en materia de libertad de expresión y proporcionalidad de las sanciones.
Las declaraciones se producen en medio del proceso de discusión del nuevo Código Penal, una de las reformas legislativas más debatidas de los últimos años y que ha generado posiciones divididas entre sectores jurídicos, empresariales, religiosos, sociales y de derechos fundamentales.
Representantes de medios y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa han insistido en que cualquier actualización del marco penal debe garantizar el derecho a la información y evitar disposiciones que puedan producir autocensura o limitar el debate público.
El proyecto continúa bajo evaluación en el Congreso Nacional, donde distintos sectores han solicitado revisar algunos artículos antes de una eventual aprobación definitiva.
