El sacerdote Johnny Francisco Durán, quien sufrió heridas durante recientes enfrentamientos en Cotuí, acusó a la minera Barrick Gold de intentar imponer sus operaciones por la fuerza, sin respetar los acuerdos previos ni las demandas de las comunidades afectadas.
Según Durán, la empresa desplegó un contingente policial para ingresar a los terrenos en disputa, incumpliendo compromisos alcanzados previamente con los residentes. Las comunidades exigen compensaciones justas por sus tierras y bienes, reclamando que las propuestas de Barrick no se alinean con los estándares internacionales que rigen este tipo de procesos.
Demandas de las comunidades
Las familias afectadas, en proceso de reubicación debido a la expansión minera, denuncian que las compensaciones ofrecidas son insuficientes. Por ejemplo, Durán señaló discrepancias significativas en los valores asignados a bienes como árboles de cacao, que Barrick valora en RD$1,250, mientras que los estándares comunitarios los sitúan en RD$5,000.
El sacerdote también destacó que muchas familias no han sido incluidas en las negociaciones, lo que agrava la situación. “Las comunidades no pueden aceptar estas condiciones, ya que no reflejan justicia ni equidad”, afirmó.
Conflicto y represión
El conflicto se intensificó cuando las comunidades bloquearon carreteras en respuesta a informes de que Barrick intentaría ingresar con el apoyo de un contingente militar. Durante los enfrentamientos, el padre Durán, quien actuaba como mediador, resultó herido mientras intentaba frenar la violencia entre los residentes y las fuerzas del orden.
En una reunión con Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold, el sacerdote solicitó el retiro del contingente militar y el respeto a los acuerdos previos. Sin embargo, según Durán, Barceló insistió en que las operaciones continuarían "sí o sí".
Llamado al diálogo
El sacerdote subrayó la urgencia de establecer un diálogo sincero y justo entre la empresa, las comunidades y las autoridades. “Es crucial respetar los derechos de estas familias. La Iglesia, como mediadora, está del lado de los más vulnerables”, enfatizó Durán.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre las operaciones mineras y las comunidades locales, destacando la necesidad de soluciones basadas en el respeto y la equidad.
