La propuesta establece mecanismos para identificar y bloquear mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso y plantea posibles beneficios para el comercio exterior dominicano.
Bonao. – El Senado de la República aprobó este martes, en segunda lectura, el proyecto de ley que establece medidas para prevenir, identificar, verificar y prohibir la importación de mercancías producidas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La iniciativa, impulsada por el senador de San Juan Félix Bautista y respaldada por otros legisladores, procura establecer un marco legal que permita detectar productos cuya cadena de producción esté vinculada con prácticas de trabajo forzoso antes de que ingresen al territorio dominicano.
¿Qué contempla la propuesta?
El proyecto establece procedimientos para investigar mercancías sobre las cuales existan indicios razonables de haber sido elaboradas mediante trabajo forzoso.
La Dirección General de Aduanas (DGA) tendría a su cargo la tramitación de los procedimientos y podría disponer la prohibición de importación mediante una decisión administrativa debidamente motivada.
Cuando sea necesario determinar las condiciones laborales involucradas en la producción de una mercancía, la DGA podrá solicitar una evaluación técnica al Ministerio de Trabajo.
La normativa también contempla la posibilidad de recibir información proveniente de organismos internacionales, autoridades extranjeras, empresas, asociaciones y otras fuentes para identificar posibles casos.
Importadores tendrían nuevas obligaciones
La propuesta contempla que los importadores declaren, mediante la documentación aduanera correspondiente, si poseen información razonable de que las mercancías que pretenden introducir al país fueron producidas mediante trabajo forzoso.
El procedimiento también establece garantías para las partes involucradas, incluyendo el derecho a presentar documentos, alegaciones y pruebas antes de que se adopten determinadas decisiones administrativas.
En caso de confirmarse la existencia de trabajo forzoso, las autoridades podrían prohibir la importación de los productos específicamente vinculados con el productor, suplidor o cadena de suministro identificada.
El posible impacto en el comercio con Estados Unidos
Uno de los argumentos económicos asociados al proyecto está relacionado con las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con las estimaciones citadas en la iniciativa, la ausencia de una legislación específica sobre trabajo forzoso habría colocado a República Dominicana en una situación arancelaria que, según el proyecto, representa un cargo adicional de 2.5 % para determinados productos destinados al mercado estadounidense.
La propuesta sostiene que ese porcentaje equivaldría a unos US$180 millones anuales, calculados en aproximadamente RD$10,800 millones, y plantea que la aprobación de la normativa permitiría al Gobierno dominicano gestionar ante Estados Unidos una eventual reducción de ese cargo.
Trabajo forzoso: ¿cómo lo define la normativa?
El proyecto toma como referencia los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y define el trabajo forzoso como aquel servicio exigido a una persona bajo amenaza de una sanción y sin que exista una prestación voluntaria.
Entre los indicadores que podrían ser considerados figuran el engaño, abuso de vulnerabilidad, restricción de movimiento, intimidación, violencia, retención de documentos o salarios, servidumbre por deudas y condiciones laborales abusivas.
La propuesta también toma en cuenta los convenios 29 y 105 de la OIT y disposiciones relacionadas con el DR-CAFTA.
Participación de varias instituciones
La aplicación del régimen requeriría coordinación entre distintas instituciones del Estado, entre ellas la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Además, el proyecto contempla mecanismos de intercambio de información para facilitar la identificación de mercancías que puedan estar vinculadas con trabajo forzoso en alguna etapa de su cadena de suministro.
La aprobación del Senado se produjo después de que la propuesta fuera analizada por comisiones legislativas y consultada con instituciones vinculadas al comercio exterior y las relaciones internacionales.
La iniciativa deberá continuar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una ley vigente.
