La plataforma digital Somos Pueblo presentó una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal, alegando que sus disposiciones sobre difamación, injuria y otros delitos afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.
Santo Domingo, República Dominicana. – Los comunicadores y cofundadores de la plataforma digital Somos Pueblo Media, Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana contra varios artículos de la Ley Orgánica núm. 74-25 que instituye el nuevo Código Penal.
La acción legal impugna específicamente los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de la referida normativa, al considerar que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana, particularmente la libertad de expresión y de información.
De acuerdo con los accionantes, algunas disposiciones del Código Penal establecen sanciones que consideran desproporcionadas en casos relacionados con difamación e injuria, al contemplar penas privativas de libertad que, a su juicio, podrían generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y el debate público.
El recurso sostiene que los daños al honor podrían ser resarcidos mediante la vía civil y sanciones de carácter patrimonial, sin necesidad de recurrir a penas de prisión, argumentando que la criminalización de opiniones podría afectar el control ciudadano sobre la gestión pública.
Asimismo, la instancia jurídica cuestiona la redacción de algunos artículos por presunta ambigüedad, señalando que ciertos conceptos carecen de parámetros normativos objetivos, lo que podría dar lugar a interpretaciones amplias en la aplicación de la ley.
Entre los puntos señalados, el recurso critica disposiciones relacionadas con injuria, ultraje y difusión de imágenes sin consentimiento, al considerar que no incorporan criterios como la prueba de la verdad o protecciones reforzadas para el ejercicio periodístico y los juicios de valor.
La acción también alega que las penas previstas para algunos delitos, como la difamación agravada, resultan excesivas en comparación con estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, los accionantes solicitan al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, al considerar que estos podrían afectar el ejercicio de derechos fundamentales y el libre flujo de información en la sociedad dominicana.
