Santo Domingo.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, conocido como “Juan” o “El Patrón”, de 57 años, señalado por el Ministerio Público como principal imputado en una investigación por presunto proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos tecnológicos.
Castillo Peña deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanzan las investigaciones. El tribunal fijó para el 15 de diciembre la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El expediente también involucra a Brailyn López del Rosario, de 20 años, contra quien fueron impuestas medidas menos restrictivas: presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$100,000.
Según el Ministerio Público, ambos estarían vinculados al uso de redes sociales para promocionar servicios sexuales y distribuir material pornográfico, mientras los pagos presuntamente eran recibidos mediante transferencias bancarias y dinero en efectivo.
Las autoridades ubican parte de las actividades investigadas en un inmueble de la calle Emilio Prud’Homme, en el sector San Carlos, donde el pasado 9 de septiembre fue ejecutado un allanamiento.
Durante el operativo, agentes ocuparon teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo, documentos personales, títulos de propiedad, pasaportes, preservativos, lubricantes, cuadernos con anotaciones y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.
El caso comenzó a desarrollarse a partir de información suministrada por autoridades estadounidenses mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. De acuerdo con el expediente, Castillo Peña fue intervenido en noviembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, durante un procedimiento realizado por agentes de CBP y Homeland Security Investigations.
Las autoridades estadounidenses habrían encontrado en su teléfono conversaciones relacionadas con la oferta de servicios sexuales y material que es objeto de investigación por presunto abuso sexual infantil.
A partir de esas informaciones, las autoridades dominicanas iniciaron las pesquisas que posteriormente condujeron al allanamiento realizado en San Carlos, donde fueron localizadas varias personas identificadas por el Ministerio Público como posibles víctimas de explotación sexual.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional y organismos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
El proceso cuenta además con cooperación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
La jueza Ana Lee Florimón fue quien conoció el caso y dictó las medidas de coerción contra ambos imputados.
