La decisión judicial dispone que vehículos, inmuebles, dinero en efectivo, armas y artículos de lujo pasen a propiedad del Estado dominicano como parte de las medidas derivadas de uno de los procesos de corrupción más relevantes de los últimos años.
Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de un total de 422 bienes muebles e inmuebles relacionados con personas condenadas dentro de los expedientes conocidos como casos Coral y Coral 5G.
La medida forma parte del fallo emitido por el tribunal y comprende bienes de alto valor económico entre los que figuran vehículos, propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo, armas de fuego y artículos de lujo.
De acuerdo con la decisión judicial, el decomiso incluye 114 vehículos, 159 inmuebles, 16 armas de fuego, 11 relojes de lujo y sumas millonarias en pesos dominicanos y dólares estadounidenses.
Entre los bienes incautados aparecen vehículos de distintas categorías, incluyendo automóviles de alta gama, camionetas, camiones, autobuses y equipos pesados utilizados para actividades comerciales y operativas.
Asimismo, el Estado recibirá maquinaria especializada y equipos industriales que formaban parte del patrimonio asociado a los condenados dentro del proceso.
En el componente financiero, el tribunal dispuso que más de treinta y nueve millones de pesos dominicanos y más de doscientos cincuenta mil dólares pasen oficialmente al patrimonio estatal.
La sentencia también incorpora propiedades ubicadas en distintas provincias del país, incluyendo terrenos, apartamentos, edificaciones comerciales y otros activos inmobiliarios distribuidos en zonas urbanas y turísticas.
Dentro de los bienes decomisados figuran además artículos considerados de lujo, entre ellos relojes de marcas internacionales reconocidas y armas registradas dentro del expediente judicial.
Los casos Coral y Coral 5G investigaron una presunta estructura dedicada al desvío de recursos públicos mediante operaciones realizadas desde instituciones militares y policiales.
Con esta decisión, el Estado dominicano consolida uno de los mayores procesos de recuperación de activos derivados de investigaciones por presunta corrupción administrativa en la historia reciente del país.
Las autoridades han señalado que el decomiso busca fortalecer los mecanismos de recuperación patrimonial y reafirmar las consecuencias legales derivadas del uso irregular de recursos públicos.
