Organizaciones de derechos humanos advierten que la violencia contra defensores del ambiente en Honduras continúa como una crisis estructural marcada por asesinatos, amenazas e impunidad, especialmente en zonas de conflicto por la tierra.
Tegucigalpa, Honduras.– La violencia contra los defensores del ambiente en Honduras se ha convertido en una crisis sostenida que incluye asesinatos, amenazas, criminalización y altos niveles de impunidad, mientras persisten las limitaciones en los mecanismos estatales de protección.
Organizaciones de derechos humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han señalado en la última década que el país figura entre los más peligrosos para el activismo ambiental, especialmente en regiones como Bajo Aguán, Yoro, Colón, Comayagua y Atlántida, donde existen conflictos por la tierra, proyectos agroindustriales y actividades mineras.
Entre los casos más relevantes se encuentra el asesinato del ambientalista Juan López en 2024, un hecho que generó condena nacional e internacional y reavivó las alertas sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientales, pese a advertencias previas emitidas por CONADEH.
Otro caso emblemático es el de la líder indígena y defensora ambiental Berta Cáceres, asesinada en 2016, cuyo caso expuso la participación de estructuras organizadas y la debilidad de los mecanismos de protección estatal.
También se mencionan otros hechos violentos como el asesinato del ambientalista Aly Domínguez y múltiples líderes comunitarios en el Bajo Aguán, donde persisten disputas por la tierra y el acceso a recursos naturales.
Según el CONADEH, estos casos forman parte de un patrón estructural de violencia en territorios con alta presión sobre recursos naturales y limitada presencia institucional.
La comisionada nacional de derechos humanos, Blanca Izaguirre, ha reiterado el llamado al Estado para fortalecer los mecanismos de prevención y protección, señalando que varias alertas tempranas no han sido atendidas con la urgencia necesaria.
El contexto evidencia la necesidad de políticas más efectivas que garanticen la seguridad de los defensores ambientales y el acceso a la justicia, en un escenario que continúa siendo crítico para el activismo ambiental en Honduras.
