Santo Domingo. — El debate sobre la permanencia de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano toma fuerza mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) se prepara para decidir una demanda que podría afectar la personería jurídica de 33 organizaciones que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.
La discusión ha provocado reacciones de dirigentes políticos y figuras vinculadas al sistema electoral, quienes han defendido la presencia de estas organizaciones y cuestionado que su permanencia sea determinada únicamente por el porcentaje de votos obtenido en las urnas.
El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, sostuvo que los partidos pequeños han tenido participación en las alianzas que históricamente han permitido la conformación de gobiernos en el país. A su juicio, los problemas que enfrenta el sistema político dominicano no deben atribuirse a las organizaciones minoritarias.
En la misma línea se expresó el senador Antonio Marte, presidente de Primero la Gente, quien señaló que también debe tomarse en cuenta la representación obtenida por un partido mediante cargos electivos, aunque no haya alcanzado el porcentaje requerido a nivel nacional.
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, también defendió la permanencia de las distintas expresiones políticas. Consideró que eliminar organizaciones que representan sectores específicos reduciría la diversidad dentro del sistema democrático.
Mientras tanto, la exvicepresidenta Margarita Cedeño planteó que el debate debe buscar un equilibrio entre la pluralidad política, el fortalecimiento de las organizaciones y el uso de los recursos públicos.
Las declaraciones se producen luego de que el TSE cerrara los debates sobre la demanda presentada por Proyecto Visión Nación (PVN) y José Cristopher Ramírez. El tribunal otorgó a las partes un plazo común de 10 días para depositar sus escritos justificativos y, una vez vencido ese período, el expediente quedará en estado de fallo reservado.
La controversia también involucra el financiamiento público que reciben los partidos y movimientos políticos. La Junta Central Electoral cuenta con una resolución que establece la distribución de la contribución económica estatal correspondiente al año 2026.
Entre las organizaciones incluidas en el proceso figuran Fuerza Nacional Progresista, Alianza País, Opción Democrática, Justicia Social, Primero la Gente, Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano y Camino Nuevo, además de varios movimientos políticos municipales.
La JCE, por su parte, ha solicitado que PVN sea excluido del proceso, argumentando que no posee personería jurídica reconocida y que carece de legitimación para presentar la acción.
Por ahora, el tribunal no ha emitido una decisión definitiva. La última palabra sobre la demanda y sus posibles efectos sobre las organizaciones involucradas quedará en manos del TSE una vez concluya el plazo otorgado a las partes.
