SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Al menos 28 personas, entre ellas médicos, fueron arrestadas este viernes durante una nueva fase de la investigación denominada Senasa 2.0, relacionada con presuntas operaciones millonarias, falsificación de documentos y otras irregularidades vinculadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El Ministerio Público realizó 37 allanamientos en distintos puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de las investigaciones que buscan determinar la participación de profesionales de la salud y otras personas en el supuesto esquema.
Entre los detenidos se encuentra el médico Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, quien se desempeñaba como subdirector del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Darío Contreras. De acuerdo con información confirmada a Noticias SIN, Rodríguez Ravelo es señalado por su presunta vinculación con falsificaciones y transacciones de elevado monto.
Un amplio operativo
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que al menos 28 personas fueron arrestadas durante el operativo.
En las labores participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Las autoridades también reportaron la ocupación de dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, mientras continúa la investigación.
El operativo constituye una nueva etapa del proceso iniciado con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público investiga una presunta estructura que habría utilizado el Senasa para desviar recursos públicos.
¿Qué investiga el Ministerio Público?
Según la acusación presentada por las autoridades, el caso incluye presuntos delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación también contempla posibles mecanismos de fraude relacionados con servicios médicos y farmacéuticos, entre ellos cambios de indicaciones médicas, utilización de sellos presuntamente falsos, doble facturación y entrega incompleta de medicamentos.
El Ministerio Público sostiene que la investigación ha permitido identificar presuntas maniobras para distraer recursos mediante adulteración de documentos financieros, programas especiales y otras operaciones que, según las autoridades, carecían de sustento legal.
El caso Senasa y sus primeros imputados
La investigación comenzó con la denominada Operación Cobra, que llevó al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de la presunta estructura.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, entre otros.
El proceso ha incluido medidas de coerción, entre ellas prisión preventiva, arresto domiciliario, garantías económicas e impedimentos de salida del país, dependiendo de cada imputado.
Una investigación que también alcanzó al sector oncológico
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, vinculada a presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Las autoridades arrestaron a tres personas y posteriormente sometieron el caso a la justicia en Santiago. El expediente incluye alegadas irregularidades relacionadas con fondos, medicamentos, facturación, salarios, viáticos y otros gastos.
El Ministerio Público sostiene que algunas de las maniobras investigadas habrían perjudicado tanto al patrimonio público como a pacientes y afiliados del Senasa.
Investigación continúa
Con los nuevos arrestos y allanamientos, el caso Senasa 2.0 amplía el número de personas bajo investigación y coloca nuevamente en el centro de la atención pública el manejo de los recursos destinados al sistema de salud.
Por el momento, las personas detenidas mantienen la condición de investigadas o imputadas y corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad penal, conforme avance el proceso judicial.
Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que podrían producirse nuevas actuaciones a medida que sean analizadas las evidencias ocupadas durante los allanamientos.
