Santo Domingo, República Dominicana. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual solicita una intervención internacional urgente para investigar las muertes registradas durante operativos de la Policía Nacional, algunas de las cuales, según la organización, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
La acción, contenida en un documento fechado el 2 de octubre de 2026, plantea la necesidad de esclarecer las circunstancias en que ciudadanos han perdido la vida durante intervenciones de los organismos de seguridad del Estado, particularmente en hechos que las autoridades describen como intercambios de disparos.
La entidad, presidida por Manuel María Mercedes, expresó preocupación por el uso de la fuerza letal y reclamó que cada fallecimiento ocurrido durante una actuación policial sea sometido a una investigación independiente, imparcial y sustentada en evidencias científicas.
Como parte de sus planteamientos, la CNDH-RD citó cifras sobre muertes ocurridas durante intervenciones policiales y recordó que su informe correspondiente a 2025 registró aproximadamente 205 casos que calificó como presuntas ejecuciones extrajudiciales.
La organización también hizo referencia a investigaciones periodísticas publicadas durante septiembre de 2026. Una de ellas contabilizó más de 182 fallecimientos durante actuaciones policiales en lo que iba de año, mientras que otro levantamiento registró 115 muertes en hechos reportados como supuestos intercambios de disparos entre el 5 de enero y el 27 de septiembre.
Estas cifras proceden de levantamientos distintos y requieren considerar sus respectivos períodos y metodologías, por lo que no deben interpretarse automáticamente como un único registro consolidado.
La comisión manifestó especial preocupación por la edad de las personas fallecidas y señaló que, según sus registros, una proporción considerable corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Para la entidad, estos datos justifican la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y supervisión sobre el uso de armas de fuego durante operaciones de seguridad pública.
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la organización está relacionado con la utilización recurrente de la expresión «intercambio de disparos» para explicar las circunstancias en que ciudadanos pierden la vida durante intervenciones policiales.
La CNDH-RD sostiene que, en determinados casos, familiares, testigos y materiales audiovisuales han presentado versiones que difieren de los relatos oficiales, situación que considera suficiente para exigir investigaciones independientes.
No obstante, la organización aclaró que no pretende afirmar que todas las personas fallecidas durante operativos policiales hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Precisó que corresponde a las autoridades investigadoras determinar, en cada expediente, si los agentes actuaron dentro de los límites legales o si se produjo una privación arbitraria de la vida.
En ese sentido, planteó que las investigaciones deben establecer si el uso de la fuerza fue legítimo, necesario y proporcional, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada intervención.
La comisión considera que estos procesos no deben depender exclusivamente de investigaciones internas realizadas por las mismas instituciones a las que pertenecen los agentes involucrados.
Por esa razón, solicitó a la CIDH examinar la situación y promover mecanismos que garanticen investigaciones independientes, con participación de organismos especializados y bajo estándares internacionales de derechos humanos.
Entre las personas cuyos casos fueron incluidos en la denuncia figuran Ramseli Junior García, de 25 años; Víctor Alfonso Paredes, de 24; José Alfredo Santana de los Santos, de 30; Elvis Antonio Jiménez Rodríguez; Julio Alberto Gómez, de 28 años, y Luis Miguel Jiménez, de 25.
También fueron mencionados Maiky Ureña Taveras, Ambiorky Fabián Almonte, de 20 años; Jonathan Antonio Núñez; Deivy Water Rosario Paulino; Anthony Adrián Castillo y Jerson Junior Lapaix Rodríguez, este último de 16 años.
La entidad pidió que se investiguen igualmente las muertes de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida en La Cañada de Guajimía, Santo Domingo Oeste, y Roberto Then Almeida, de 24, en Higüey.
A estos expedientes se suma el fallecimiento de Michael Junior Rodríguez Peguero durante un operativo desarrollado en Santo Domingo Norte.
La relación presentada incluye, además, a una persona identificada como «Enger»; Wender Alcántara, conocido como «El Compa», de 19 años, en Boca Chica; Deivi Rosado Durán, alias «El Gordo», y Jordi Antonio Ogando.
La organización explicó que estos casos forman parte de las denuncias recibidas de familiares y allegados que solicitan esclarecer las circunstancias de las muertes.
La inclusión de los nombres en el documento no constituye una determinación judicial de que se produjeran ejecuciones extrajudiciales, sino una solicitud para que los hechos sean examinados mediante investigaciones que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.
Otro de los aspectos abordados por la CNDH-RD está relacionado con declaraciones públicas realizadas por autoridades del Gobierno y de la Policía Nacional.
La comisión solicitó que la CIDH examine pronunciamientos del presidente Luis Abinader, efectuados el 28 de septiembre de 2026, relacionados con la persecución de personas contra las cuales existen órdenes de arresto.
Asimismo, pidió analizar declaraciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, realizadas el 30 de septiembre sobre la localización de personas reincidentes y requeridas por la justicia.
La entidad aclaró expresamente que no interpreta esos pronunciamientos como órdenes dirigidas a ejecutar personas.
Sin embargo, considera pertinente examinarlos en el contexto de las cifras de fallecimientos registrados durante operaciones policiales y de las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza.
Entre las principales medidas solicitadas figura la realización de investigaciones independientes en todos los casos donde una persona pierda la vida como consecuencia de una actuación policial.
La comisión plantea que esos procedimientos incluyan análisis balísticos, autopsias, peritajes médico-legales, estudios forenses y otras diligencias criminalísticas necesarias para reconstruir los hechos.
También reclamó garantizar la preservación de las evidencias y el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la cadena de custodia, con el propósito de evitar irregularidades que puedan afectar las investigaciones.
La organización solicitó que los casos sean examinados conforme a estándares internacionales, incluyendo los establecidos en el Protocolo de Minnesota, utilizado como referencia para investigar muertes potencialmente ilícitas.
Asimismo, pidió fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar posibles violaciones graves de derechos humanos cometidas por integrantes de los organismos de seguridad.
Entre sus propuestas figura identificar a todos los agentes que participaron en operativos con resultados mortales y establecer las responsabilidades individuales cuando las investigaciones determinen actuaciones contrarias a la ley.
La CNDH-RD también planteó la suspensión de los agentes directamente involucrados mientras se desarrollan las investigaciones, como una medida destinada a proteger la integridad de los procedimientos.
Otra de sus solicitudes consiste en implementar el uso obligatorio de cámaras corporales durante determinadas intervenciones policiales, con el objetivo de disponer de registros audiovisuales que permitan verificar las actuaciones de los agentes.
La organización considera que estos dispositivos pueden contribuir a fortalecer la transparencia, facilitar la recopilación de evidencias y reducir las controversias relacionadas con las circunstancias en que se producen los enfrentamientos.
De igual manera, propuso establecer mecanismos públicos de supervisión sobre las actuaciones policiales y crear un registro nacional confiable de personas fallecidas durante intervenciones de los cuerpos de seguridad.
La comisión entiende que contar con información sistematizada permitiría identificar tendencias, evaluar los procedimientos operativos y determinar si existen patrones que requieran medidas institucionales específicas.
También solicitó que las familias de las víctimas reciban las reparaciones correspondientes cuando se comprueben violaciones de derechos humanos y que los responsables de actuaciones ilegales sean sancionados conforme a la legislación vigente.
En el ámbito judicial, la CNDH-RD anunció su intención de constituirse en actor civil y presentar querellas ante los tribunales dominicanos en aquellos casos donde considere que existen elementos suficientes para sustentar denuncias por negligencia policial o violaciones graves de derechos fundamentales.
La organización sostuvo que la intervención de organismos internacionales no sustituye las responsabilidades de las autoridades nacionales, sino que busca contribuir a que los hechos sean esclarecidos mediante procedimientos imparciales.
La denuncia se produce en medio de un debate nacional sobre la actuación de la Policía Nacional frente a personas requeridas por la justicia y sobre los límites legales del uso de la fuerza durante los operativos.
La institución policial ha sostenido que sus agentes utilizan las armas de fuego cuando enfrentan agresiones y ha rechazado que exista una política destinada a provocar muertes durante las intervenciones.
Las autoridades también han informado sobre la existencia de miles de órdenes de arresto pendientes de ejecución, como parte de sus esfuerzos para localizar a personas vinculadas con diferentes hechos delictivos.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la persecución del delito debe desarrollarse con pleno respeto a las garantías constitucionales y a los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
Para la entidad, la existencia de una orden de arresto no elimina el derecho a la vida ni autoriza el uso indiscriminado de la fuerza letal contra una persona.
El organismo insistió en que cualquier actuación policial debe responder a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, especialmente cuando existe riesgo de que se produzcan consecuencias mortales.
La comisión también cuestionó que numerosos expedientes relacionados con fallecimientos durante intervenciones policiales permanezcan bajo investigaciones internas de las propias instituciones involucradas.
A su juicio, esta situación puede generar dudas sobre la independencia de los procedimientos y afectar la confianza de los familiares en los resultados de las investigaciones.
La organización considera indispensable que las autoridades ofrezcan respuestas claras sobre las circunstancias de cada muerte y que los familiares puedan acceder a información suficiente sobre el desarrollo de los expedientes.
La solicitud presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca colocar estas preocupaciones en el ámbito internacional y promover una evaluación de los mecanismos utilizados por el Estado dominicano para investigar muertes potencialmente ilícitas.
La CIDH, como organismo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, puede examinar denuncias y desarrollar actuaciones dentro de las competencias que le corresponden.
La presentación de la denuncia, sin embargo, no significa que el organismo internacional haya determinado la existencia de ejecuciones extrajudiciales ni que se hayan establecido responsabilidades contra agentes específicos.
Esas conclusiones requieren investigaciones y procedimientos en los que se examinen las pruebas y se respeten las garantías legales de todas las partes involucradas.
Con esta acción, la CNDH-RD procura que se esclarezcan los fallecimientos denunciados, se fortalezcan los mecanismos de control sobre el uso de la fuerza y se garantice que cualquier actuación irregular sea investigada y sancionada conforme a la ley.
La entidad reiteró que su principal demanda es que las muertes ocurridas durante operativos policiales no permanezcan sin esclarecimiento y que las familias de las víctimas tengan acceso a investigaciones transparentes, independientes y efectivas.
El caso abre una nueva etapa en el debate sobre seguridad ciudadana, derechos humanos y responsabilidad institucional en la República Dominicana, mientras se espera conocer el curso que seguirá la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
