Santo Domingo, República Dominicana. – Un informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití revela que tres personas detenidas en República Dominicana durante 2025, por su presunta vinculación con la adquisición de drones y otros equipos destinados a organizaciones criminales haitianas, fueron posteriormente liberadas tras ser entregadas a las autoridades del vecino país.
El documento, identificado como S/2026/714 y presentado al Consejo de Seguridad de la ONU, expone las dificultades que enfrentan las autoridades para investigar y procesar judicialmente a personas sospechosas de participar en las redes de abastecimiento de las bandas armadas que operan en Haití.
Según las informaciones difundidas este viernes 9 de octubre de 2026, el caso de los tres detenidos constituye uno de los ejemplos señalados por los expertos internacionales sobre los obstáculos que impiden llevar a término investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito.
La investigación también identifica a República Dominicana como uno de los territorios utilizados por determinadas redes para adquirir o trasladar equipos y suministros destinados a grupos armados haitianos.
Sin embargo, el documento también reconoce actuaciones de las autoridades dominicanas dirigidas a interceptar cargamentos y detener a personas presuntamente involucradas en estas actividades.
Tres detenidos en República Dominicana durante 2025
Uno de los episodios examinados por Naciones Unidas ocurrió en junio de 2025, cuando las autoridades dominicanas detuvieron a tres personas relacionadas presuntamente con la adquisición de drones comerciales y otros artículos destinados a grupos criminales de Haití.
Las investigaciones vincularon la operación con redes de abastecimiento utilizadas por bandas que buscan obtener equipos tecnológicos y materiales para fortalecer sus capacidades.
Los sospechosos fueron entregados a las autoridades haitianas, pero posteriormente quedaron en libertad, de acuerdo con las informaciones recogidas por los expertos.
El informe señala que el caso evidencia las dificultades existentes para transformar las detenciones y los elementos reunidos durante una investigación en procesos judiciales que permitan determinar responsabilidades.
La información divulgada no precisa las identidades de los tres sospechosos ni establece las razones jurídicas específicas por las que fueron liberados.
Tampoco permite concluir que existiera una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
Por esa razón, el señalamiento de Naciones Unidas debe entenderse como parte de una investigación sobre presuntas redes de contrabando y las deficiencias institucionales que afectan su persecución.
Corrupción y falta de recursos dificultan las investigaciones
El Grupo de Expertos advierte que numerosos sospechosos de tráfico de armas en Haití recuperan su libertad incluso cuando las autoridades han reunido elementos que justifican continuar las investigaciones.
Entre las dificultades identificadas figuran la corrupción, la insuficiencia de recursos institucionales y la ausencia de mecanismos adecuados para proteger a los funcionarios encargados de investigar estas actividades.
El documento también señala que la intervención de personas con influencia puede obstaculizar determinadas investigaciones e impedir que los expedientes avancen hasta la presentación de acusaciones formales.
Según los expertos, estas circunstancias afectan la capacidad del sistema judicial haitiano para enfrentar las redes que suministran armas, municiones y otros equipos a las organizaciones criminales.
La problemática resulta especialmente preocupante debido al poder que mantienen distintas bandas armadas en territorio haitiano y a su capacidad para obtener materiales mediante conexiones internacionales.
Los investigadores consideran necesario fortalecer la coordinación institucional y los mecanismos de cooperación entre países para impedir que las detenciones terminen sin resultados judiciales.
República Dominicana aparece en las rutas de abastecimiento
Los informes de Naciones Unidas han identificado distintas rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas y municiones en Haití.
Entre ellas figuran operaciones procedentes de Estados Unidos y circuitos que atraviesan territorio dominicano.
La posición geográfica de República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, convierte el control fronterizo y la vigilancia de mercancías en aspectos importantes de los esfuerzos contra el tráfico ilícito.
Los expertos han documentado intentos de adquirir drones, armas, municiones y otros materiales a través de redes que operan en distintos países.
No obstante, la utilización del territorio dominicano por organizaciones criminales no implica que las autoridades del país autoricen o participen institucionalmente en esas operaciones.
De hecho, el informe recoge actuaciones realizadas por organismos dominicanos para detener sospechosos e interceptar materiales presuntamente destinados a grupos armados.
Municiones de origen dominicano bajo investigación
La publicación del informe coincide con nuevas informaciones sobre municiones recuperadas durante operaciones contra la banda haitiana 400 Mawozo.
El Grupo de Expertos documentó que parte de los cartuchos examinados presentaba marcas vinculadas con el Ejército de República Dominicana, mientras otros tenían características compatibles con municiones previamente relacionadas con investigaciones sobre desvíos de arsenales policiales.
En una muestra de 89 cartuchos de calibre 5.56 milímetros recuperados durante 2025, los investigadores identificaron 25 con las siglas ERD y otros 16 con características asociadas a municiones que habrían sido desviadas de existencias de la Policía Nacional.
Las autoridades dominicanas informaron que los cartuchos identificados con las siglas del Ejército habían sido adquiridos en 2022 a un fabricante colombiano.
El documento también examina municiones antiguas de calibre .50 fabricadas en República Dominicana, aunque reconoce que no ha sido posible reconstruir completamente su cadena de custodia.
Estas precisiones son importantes porque la identificación del origen de fabricación de una munición no determina automáticamente cómo llegó a manos de una organización criminal.
Ministerio de Defensa responde a los señalamientos
Ante la divulgación de los hallazgos, el Ministerio de Defensa de República Dominicana ofreció explicaciones sobre las investigaciones y los controles aplicados al material militar.
La institución aseguró que mantiene comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para responder a los requerimientos del Grupo de Expertos de Naciones Unidas.
Asimismo, informó que ha proporcionado datos relacionados con la adquisición, distribución y control de municiones, además de informaciones sobre expedientes abiertos por posibles irregularidades.
Como ejemplo de las actuaciones realizadas, el Ministerio de Defensa recordó la detención de un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano en diciembre de 2025, en la provincia San Juan.
Durante esa operación fueron ocupados 1,516 cartuchos de distintos calibres que, según las autoridades, eran transportados irregularmente en una motocicleta.
La institución indicó que el oficial fue sometido a la justicia y permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento correspondiente.
El Ministerio también explicó que algunas municiones antiguas identificadas en Haití fueron fabricadas décadas atrás, por lo que todavía no ha sido posible establecer todas las circunstancias de su circulación.
Las autoridades dominicanas reiteraron que mantienen investigaciones para determinar posibles responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control.
ONU advierte sobre la necesidad de cooperación internacional
Otro de los puntos planteados por los expertos es la importancia de utilizar de manera más efectiva los mecanismos de cooperación judicial internacional.
El informe señala que la extradición hacia Estados Unidos de personas presuntamente vinculadas con el tráfico de armas podría constituir una herramienta para enfrentar determinadas redes que operan desde ese territorio.
Sin embargo, los investigadores consideran que este mecanismo no ha sido aprovechado suficientemente.
Las dificultades para completar las investigaciones y lograr procesos judiciales efectivos favorecen, según el documento, la continuidad de estructuras dedicadas al abastecimiento de grupos criminales.
El fortalecimiento de la cooperación entre República Dominicana, Haití, Estados Unidos y otros países involucrados en las rutas identificadas aparece como uno de los desafíos de la lucha contra el tráfico ilícito.
Preocupación por el fortalecimiento de las bandas haitianas
Los hallazgos de Naciones Unidas se producen en medio de la prolongada crisis de seguridad que afecta a Haití, donde organizaciones armadas mantienen presencia en distintas comunidades y controlan importantes corredores de circulación.
La disponibilidad de armas, municiones y equipos tecnológicos constituye uno de los factores que permite a estos grupos sostener sus operaciones.
Por ello, los expertos internacionales insisten en la necesidad de interrumpir las redes de abastecimiento y mejorar la capacidad de los Estados para investigar las actividades de contrabando.
El caso de las tres personas detenidas en República Dominicana durante 2025 y posteriormente liberadas en Haití vuelve a colocar la atención sobre la cooperación judicial y el seguimiento de los expedientes relacionados con estas operaciones.
El informe no establece que las autoridades dominicanas hayan ordenado la liberación de los sospechosos después de su entrega a Haití.
La distinción resulta fundamental para comprender el alcance de los señalamientos y evitar atribuir responsabilidades institucionales que no han sido demostradas.
Con estas revelaciones, Naciones Unidas advierte que la lucha contra el tráfico de armas hacia Haití no depende únicamente de realizar arrestos o interceptar cargamentos, sino también de garantizar investigaciones completas, cooperación internacional y procesos judiciales capaces de determinar responsabilidades conforme a la ley.
