Santo Domingo, República Dominicana. – Una marcada diferencia entre la cantidad de personas sometidas a la justicia y las que finalmente reciben condenas por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema judicial dominicano para sancionar estos delitos, particularmente la organización de viajes clandestinos en embarcaciones hacia Puerto Rico.
De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre 2020 y 2024 fueron judicializadas 1,333 personas por delitos relacionados con la trata y el tráfico ilícito de migrantes, mientras que durante ese mismo período se registraron 107 personas condenadas.
Aunque ambas cifras corresponden al mismo intervalo de cinco años, no representan necesariamente los mismos expedientes, debido a que los procesos judiciales pueden extenderse durante varios años. Por tanto, la diferencia no debe interpretarse como una tasa directa de condenas.
Según los registros de la ONE, en 2020 fueron condenadas 17 personas; en 2021, otras 11; en 2022, un total de 29; en 2023, unas 21; y en 2024, otras 29. De las 107 condenas registradas, 71 correspondieron al tráfico ilícito de migrantes y 36 a diferentes modalidades de trata de personas.
Una investigación periodística de Diario Libre identificó, además, a más de 422 personas sometidas a la justicia entre 2020 y 2024 por su presunta participación en la organización de viajes marítimos clandestinos.
La magnitud de este fenómeno también se refleja en los operativos de la Armada de República Dominicana, que reportó la detención de 26,527 personas durante intentos de viajes ilegales entre julio de 2018 y marzo de 2025. Esta cifra incluye personas que intentaban realizar las travesías y presuntos responsables de organizarlas, por lo que no equivale al número de acusados judicialmente.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Samaná, donde un tribunal impuso presentación periódica durante seis meses a Enerson Vilorio Eusebio y Ramón Francisco Sosa Batista, investigados por su presunta participación en la organización de viajes clandestinos hacia Puerto Rico.
La embarcación relacionada con el expediente fue interceptada el pasado 5 de octubre. Aunque la Armada informó inicialmente que transportaba 59 personas, un reporte posterior del proceso judicial elevó la cifra a 62 ocupantes.
El caso continúa bajo investigación y la medida de coerción impuesta no constituye una declaración de culpabilidad.
Otro aspecto que llama la atención es que no todas las condenas por tráfico ilícito de migrantes implican el cumplimiento efectivo de una pena de prisión.
En una revisión de siete sentencias dictadas en Dajabón, Diario Libre identificó únicamente dos decisiones que dispusieron prisión, con condenas de un año y dos meses en un caso y de tres años en otro. En los cinco expedientes restantes, la ejecución de las penas fue suspendida de manera total o parcial.
En cuanto al marco legal, la Ley 137-03, modificada mediante la Ley 46-25 de 2025, contempla para el delito base de tráfico ilícito de migrantes penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas de 350 a 1,000 salarios mínimos del sector público.
El nuevo Código Penal mantiene la aplicación de las leyes especiales que regulan delitos no contemplados expresamente en su contenido, por lo que la normativa específica sobre tráfico ilícito de migrantes conserva su vigencia.
La diferencia entre sometimientos y condenas plantea interrogantes sobre la duración de los procesos, la presentación de pruebas y los resultados de la persecución penal, sin que las cifras disponibles permitan atribuir esa brecha a una causa única.
Mientras tanto, los viajes clandestinos en yolas continúan representando un grave peligro para quienes intentan llegar a Puerto Rico mediante rutas marítimas irregulares.
Las autoridades mantienen los operativos de vigilancia e interdicción para impedir estas travesías y perseguir a las personas que presuntamente se lucran con su organización.
El desafío no se limita a interceptar embarcaciones y realizar arrestos, sino también a desarrollar investigaciones sólidas, garantizar el debido proceso y obtener decisiones judiciales sustentadas en pruebas suficientes, al tiempo que se protege la vida de quienes se exponen a los riesgos del mar.
