Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, solicitó al presidente Luis Abinader que el Estado dominicano asuma directamente la administración de las importaciones de arroz durante los años 2026 y 2027, como una medida para proteger a los productores nacionales frente a los cambios comerciales establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El dirigente opositor expresó su preocupación por las consecuencias que podría enfrentar el sector arrocero ante la apertura del mercado y consideró necesario que las autoridades adopten decisiones concretas para garantizar condiciones de competencia y estabilidad económica a los agricultores dominicanos.
Guzmán cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde que comenzaron las discusiones sobre la liberalización comercial, todavía no exista, según su valoración, un programa suficientemente claro que permita a los productores planificar sus siembras, inversiones y actividades futuras.
Recordó que en septiembre de 2021 se realizaron gestiones diplomáticas para procurar una dispensa relacionada con la eliminación progresiva de los aranceles al arroz, mientras que en febrero de 2023 el Gobierno creó una comisión interministerial encargada de preparar medidas de apoyo al sector.
Sin embargo, sostuvo que esas iniciativas no se han traducido en las garantías que reclaman los agricultores, quienes necesitan conocer las condiciones bajo las cuales competirán con el arroz procedente del mercado internacional.
El representante del PRD planteó que el Gobierno debe asumir el control de las importaciones durante el presente año y el próximo, al considerar que esta intervención permitiría administrar la entrada del cereal y reducir los posibles efectos negativos sobre la producción local.
Asimismo, señaló que República Dominicana debe examinar los mecanismos utilizados por otros países para respaldar a sus agricultores, particularmente Estados Unidos, donde existen programas de apoyo a la actividad agropecuaria.
Guzmán argumentó que, si otras economías desarrollan políticas para proteger su producción alimentaria, las autoridades dominicanas también deben definir instrumentos que permitan preservar la capacidad productiva nacional.
El dirigente reclamó que se establezca con claridad la cantidad de recursos económicos que el Estado destinará al respaldo de los arroceros, así como las condiciones y mecanismos mediante los cuales se ejecutarán esas medidas.
Sus declaraciones se producen en medio del debate generado por la derogación del Decreto 693-24, que había establecido disposiciones arancelarias para determinadas importaciones de arroz.
Mediante el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto aquellas medidas, en un contexto de conversaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos sobre el acceso de productos agrícolas al mercado dominicano.
La decisión ha generado inquietud entre representantes del sector arrocero, quienes advierten sobre las dificultades que podrían enfrentar para competir con productos importados a precios inferiores a los costos de producción nacional.
Por otra parte, la apertura comercial también plantea posibles beneficios para los consumidores mediante una mayor competencia y disponibilidad del producto, aunque cualquier reducción en los precios dependerá de factores como los costos de importación, transporte, distribución y comercialización.
Guzmán insistió en que el arroz no debe analizarse exclusivamente desde una perspectiva comercial, debido a su importancia en la alimentación de los dominicanos y en la economía de numerosas comunidades rurales.
Según las cifras citadas por el dirigente, la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores, genera más de 300,000 empleos y tiene presencia en 21 provincias del territorio nacional.
A su juicio, una reducción significativa de la producción podría afectar no solamente a los agricultores, sino también a trabajadores, transportistas, comerciantes y familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
El presidente ejecutivo del PRD comparó la importancia estratégica del sector arrocero con la del turismo, al considerar que ambos requieren políticas públicas que contribuyan a mantener su competitividad y sostenibilidad.
También advirtió que la incertidumbre sobre las condiciones de importación dificulta la planificación de las próximas cosechas y podría influir en las decisiones de inversión de los productores.
En ese sentido, llamó al Gobierno a pasar de las discusiones y reuniones institucionales a la ejecución de medidas verificables que permitan ofrecer mayor seguridad a quienes se dedican al cultivo del cereal.
La propuesta de que el Estado administre directamente las importaciones constituye un planteamiento del dirigente opositor y no una medida anunciada por el Gobierno.
Su eventual aplicación requeriría evaluar las disposiciones comerciales vigentes, los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana y los mecanismos legales disponibles para regular el mercado.
Mientras continúa el debate sobre el futuro del sector arrocero, Guzmán reiteró que las autoridades deben priorizar la protección de la producción nacional y establecer un programa de respaldo que permita a los agricultores enfrentar los desafíos de la apertura comercial.
El tema mantiene la atención sobre las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo y las negociaciones relacionadas con el DR-CAFTA, debido a sus posibles efectos sobre la producción agrícola, los precios al consumidor y la seguridad alimentaria del país.
